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La Audiencia Nacional ve indicios suficientes para procesar a la cúpula de la Vieja Pescanova

Manuel Fernández de Sousa. ÓSCAR CORRAL
Manuel Fernández de Sousa. ÓSCAR CORRAL

El juez José de la Mata quiere enjuiciar a Fernández de Sousa, BDO y una extensa lista de sociedades y exejecutivos de la pesquera por la crisis del grupo

Casi cinco años después de que llegasen a la Audiencia Nacional las primeras querellas de accionistas, el juez José de la Mata dictó este lunes un auto de procedimiento abreviado contra 12 sociedades y 19 exejecutivos y consejeros de la antigua Pescanova al concluir que hay "indicios suficientes" para llevar a juicio, entre otros, al expresidente Manuel Fernández de Sousa Faro y la auditora BDO por su papel en la crisis que llevó a la sociedad al concurso de acreedores en mayo de 2013, con una ingente deuda de 3.650 millones de euros.   

Aunque ahora se abre un plazo de 30 días para que las partes formulen sus escritos de acusación y pidan la apertura de juicio oral o soliciten el sobreseimiento, el juez apunta ya que los hechos pueden ser presuntamente constitutivos de hasta nueve delitos. En concreto, el instructor —que en 2015 tomó el relevo a Pablo Ruz— apunta al falseamiento de cuentas anuales y otros documentos relevantes; falseamiento de información económica y financiera; estafa en la captación de inversores; estafa en la presentación de facturas falsas a la banca; falsedad en documento mercantil; insolvencia punible; alzamiento de bienes o blanqueo de capitales; uso de información relevante, e impedimento de la actuación de organismo supervisor.

EL EXPRESIDENTE SOUSA

De la extensa lista de imputados, Sousa Faro es el único que, a ojos de De la Mata, debería responder por todos los ilícitos. 

El auto también señala a María del Rosario Detrell, la esposa del que fuera primer espada. El magistrado apunta a su presunta participación en un delito de alzamiento de bienes o, alternativamente, de blanqueo de capitales. Y es que la investigación reveló que abrió una cuenta en una sucursal del Banif en Valença a nombre de la sociedad Quinta do Sobreiro unos días después de que se admitiesen a trámite las querellas que darían origen a la presente causa. Su objetivo habría sido "situar fondos de su marido fuera del alcance de la jurisdicción española, siguiendo las instrucciones" de Sousa Faro. Llegado agosto de 2013, tras la comunicación de un auto por el que se fijaron fianzas millonarias a los investigados, esa cuenta recibió transferencias por valor de 4,45 millones a nombre de las sociedades Quinta do Sobreiro y Kiwi España. El siguiente paso lo habría dado ese mismo mes al ordenar transpasar 5,2 millones de dólares desde la cuenta de Banif al Standard Chartered Bank of China, operación que el banco bloqueó al considerarla sospechosa. 

La investigación abarca otra cuenta abierta también en Valença, pero en esta ocasión en una oficina del Millenium BCP, que en junio de 2013 recibió 200.000 euros mientras arreciaba el escándalo.

En la macrocausa también figura Pablo Fernández Andrade, uno de los hijos de la pareja, al que el juez considera "imputable" por falseamiento de cuentas anuales al igual que su padre, su tío Fernando Fernández de Sousa-Faro, el que fuera consejero delegado, Alfonso Paz Andrade, y al socio de BDO Santiago Sañé, entre otros. El auto indica que la contabilidad de 2009 a 2011 fue "maquillada" por los administradores de la pesquera, una operación que habrían intentado extender a las de 2012, aunque la resistencia de la auditora a firmarlas hizo que la crisis estallase. 

Con unos resultados que, durante años, "no reflejaban la imagen fiel" de la matriz y sus más de 40 filiales, ocultando "su verdadera situación económica", De la Mata considera que los gestores "proporcionaron públicamente una imagen irreal". No escapa al juez el hecho de que entre agosto de 2012 y enero de 2013 "varios analistas financieros recomendaron" invertir en acciones de Pescanova "atendiendo al signo positivo" de las presentaciones de resultados, lo que perjudicó a los inversores. Sin embargo, el instructor recuerda que el 12 de marzo de 2013 Pescanova se vio abocada a comunicar a la CNMV la existencia de "discrepancias en su contabilidad" en relación a la deuda bancaria. 

LA AUDITORA

De la Mata no pierde la ocasión de censurar la actuación de BDO y Sañé por "bendecir y avalar año tras año", y "de acuerdo con Sousa Faro", las cuentas anuales que aprobaba el consejo, pese a su "evidente conocimiento de las prácticas irregulares". 

La vasta investigación también apunta a un delito de estafa a la banca porque "muchas entidades accedieron a financiar" al grupo "plenamente confiadas en su solvencia", reflejada en las cuentas anuales y en las operaciones comerciales "ficticias" en las que se generaban las facturas y los efectos mercantiles que se les presentaban para su descuento y cuyos datos se hacían constar en las remesas que se les remitían periódicamente. 

De la Mata sostiene que los ejecutivos se "concertaron" para utilizar una red de 16 sociedades instrumentales en España, "sin vinculación aparente ni estructura suficiente para llevar a cabo actividad comercial relevante", con la única finalidad de emitir recibos falsos que después eran utilizados para obtener líneas de factoring.

Con prácticas de este género, los investigados habrían generado deuda bancaria "que no se contabilizaba debidamente", una bola de nieve que a inicios de 2013 devino insostenible, aunque en las cuentas ‘elaboradas’ para ese año se pretendieron "ocultar al menos 1.939 millones".  

Unas cuentas en un banco de Andorra arrastran a la esposa y los hijos de Sousa Faro

El juez José De la Mata dictó este lunes otro auto a través del que ordenó abrir una pieza separada para investigar a la esposa del expresidente de Pescanova, Rosario Andrade Detrell, y a los dos hijos de la pareja, Pablo e Ignacio Fernández Andrade. Responderán por tres cuentas abiertas en una oficina de Andbank en Andorra en 2009 y que, presuntamente, ocultaron al fisco. Fueron bloqueadas en octubre de 2015 con 3,26 millones de dólares, 262.887 libras y 522.045 euros. La meta es aclarar "el origen de los fondos con los que se alimentaron entre 2010 y 2012". 

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