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De la Mata impone una fianza de 80 millones de euros a la excúpula de Caixanova

Julio Fernández Gayoso. AEP
Julio Fernández Gayoso. AEP

Cifra en esta cantidad el quebranto causado a la caja por los créditos concedidos por la compra de la conservera Alfageme 

 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha impuesto el pago de una fianza de 80 millones de euros al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y otros siete acusados en el caso Alfageme por el perjuicio causado a la caja extinta al conceder cerca de 135 millones de euros en créditos a una promotora para la compra de la conservera, por su cercanía con los gestores de la misma. 

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expone que esta es la cantidad que se corresponde con los perjuicios sufridos por Caixanova en relación con las operaciones financieras que llevaron a cabo entre los años 2005 y 2009 y advierte de que si en el plazo de cinco días no abonan dicha caución se procederá a embargar los bienes de los acusados hasta cubrir la cantidad estipulada. 

El juez acuerda esta medida tras tomar declaración entre lunes y martes a los ocho investigados. Se trata del expresidente de la caja gallega Fernández Gayoso; el exdirector José Luis Pego Alonso; el exdirectivo Gregorio Gorriarán; el que fuera subdirector general de Caixanova Domingo González; el exdirector general de la oficina principal de la entidad José Benito Parente; el administrador de la promotora Promalar Juan Lago Pérez y los tasadores Manuel Ardid y Manuel Asende. A todos ellos se les investiga por el delito de administración desleal y blanqueo de capitales. 

Los hechos se remontan a otoño de 2005 cuando Gorriarán junto con Benito Parente visitaron al administrador de Promalar y le propusieron otorgarle financiación para que comprara Alfageme dado que tenían intereses en la misma Guillermo Alonso Jáudenes (ya fallecido) y Fernando García, expresidente y exconsejero de la caja gallega, respectivamente. El objetivo era beneficiar a estos accionistas en su salida de la conservera y para ello simularon contratos que ocultaban la verdadera finalidad de la financiación a Promalar, que acabó entrando en quiebra. 

El magistrado expone que se llevaron a cabo cuatro operaciones; las dos primeras consistieron en un préstamo hipotecario de 60 millones de euros y un crédito de la misma cantidad. En 2007 se concedió un nuevo préstamo hipotecario de 9,25 millones de euros y dos años después una póliza de crédito de 5 millones de euros.

NO ES UNA MEDIDA PREMATURA. Desglosado, el perjuicio causado a Caixanova es de 64,86 millones euros por el impago de la póliza del crédito concedido, de 6,03 millones por la resolución del contrato con la promotora y de 9,66 millones por el préstamo hipotecario; en total 80,56 millones de euros que corresponderían a Novacaixagalicia, entidad que nació del proceso de fusión de Caixanova con Caixa Galicia. 

En su auto, el juez tiene en cuenta la gravedad y complejidad de los hechos, la duración temporal de la causa y la cuantía de las responsabilidades. Además expone que no se trata de una medida "precipitada o prematura". 

Para tres de los investigados en esta causa –Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso– se trata de un nuevo proceso judicial relacionado con su gestión en la caja ya que fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por este mismo órgano en relación con el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros. 
 

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