A paso lento. Así avanza España en el despliegue de la eólica marina en un escenario en el que la potencia global instalada ya superaba los 64,3 gigavatios (GW) a inicios de este año. Solo a lo largo de 2022, según el Global Wind Energy Council, se instalaron en el mar 8.800 megavatios (MW), una cifra que, con todo, fue un 58% inferior a la cota de 2021, un ejercicio histórico. En una carrera en la que China lleva la delantera —al copar el 49% de la potencia en funcionamiento—, muy por delante de los otros dos actores principales, Reino Unido (22%) y Alemania (13%), España sigue con el contador casi a cero pese a que aspira a contar con hasta 3 GW al final de la década.
Únicamente están operativos un prototipo de aerogenerador flotante en el banco de ensayos de la Plocan, en Gran Canaria, y otro frente a la costa vizcaína, el DemoSath. En punta Langosteira, la plataforma de ensayo impulsada por la Xunta, la Autoridad Portuaria de A Coruña y Redeia, que contará con tres molinos que sumarán 30 MW, acaba de recibir financiación. Hoy por hoy, los proyectos de I+D+i son los únicos que pueden tramitarse a la espera de que se actualice la normativa, que data de 2007.
Teniendo en cuenta que de la cumbre del clima que concluyó el miércoles en Dubái, la COP28, salió el compromiso de triplicar la capacidad instalada en renovables —lo que pasa por desplegar 500 GW de molinos en el agua de aquí a 2030—, relajarse no parece una opción y más cuando España sí es una potencia en el desarrollo de tecnología. Un tercio de las patentes vinculadas a la eólica flotante tienen sello español y, en Galicia, la ría de Ferrol es un actor relevante a nivel global con el tándem integrado por Navantia Seanergies y Windar, que produce estructuras fijas como los monopiles o los jackets y también plataformas flotantes para clientes de la talla de Iberdrola, la danesa Ørsted, EDP o Siemens. En el medio plazo, otro puntal de la industria será el puerto exterior de A Coruña, un enclave estratégico a nivel industrial y logístico para el despliegue de parques flotantes en las costas gallegas y portuguesas y para proveer de componentes a otros países. Su ubicación, su superficie terrestre disponible y los grandes calados son puntos en favor de Langosteira. Repsol, Ørsted, Acciona, Cobra, la vasca Saitec, Ferrovial y la propia Navantia prevén instalarse allí.
En febrero, el Gobierno aprobó los planes de ordenación del espacio marítimo (Poem), que sitúan en cinco polígonos identificados frente a la costa gallega el 47% de la superficie apta en España para acoger molinos. Las proyecciones más optimistas hablaban de que hasta dentro de siete años no comenzarían a operar los primeros parques.
Pero la falta de diálogo con quienes obtienen su sustento del mar ha complicado en tal grado las cosas que el Tribunal Supremo deberá dirimir si el Ministerio para la Transición Ecológica tuvo o no en cuenta los posibles impactos de los aerogeneradores en el medio marino. Se trata del recurso contencioso-administrativo contra los Poem que en abril presentó la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos con el apoyo del Observatorio do Litoral de la UDC. Admitido a trámite, la respuesta judicial tardará, pues el portavoz del colectivo, el abogado Torcuato Teixeira, estima que no llegará "seguramente ata finais do 2024". Entre tanto, admite que no existe "ningún diálogo" con el departamento de Teresa Ribera.
Por delante queda aprobar la nueva r e g u l a c i ó n que definirá el procedimiento de autorización de las instalaciones y el régimen retributivo, y lo siguiente será convocar la primera subasta de capacidad, que el ministerio prevé lanzar "cuanto antes". Transición Ecológica incide en que, entre tanto, los promotores avanzan en el diseño de sus proyectos, sondean posibles proveedores y presentan sus iniciativas a nivel local.
Portugal, que quiere tener 2 GW en 2030, va a otro ritmo. Ya tiene operativo un parque en Viana do Castelo y, en noviembre, medio centenar de empresas trasladaron su interés por la primera subasta de eólica marina, que se celebrará a inicios de 2024. Condicionantes como el calado de sus puertos hacen que Lisboa asuma ya que precisará de las dársenas de Ferrol y A Coruña para ensamblar sus componentes. Se abren, por tanto, nuevas oportunidades industriales en una Galicia en la que 225 empresas ya desarrollan soluciones para el sector, según Asime.
