El acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Marruecos que permite a algunos barcos de Marín, Vigo y Ribeira faenar en aguas del país africano tiene muchas papeletas para ser tumbado por la Justicia por poner a disposición de la flota comunitaria los recursos naturales del Sáhara Occidental a través de un protocolo sin beneficios para el pueblo saharaui, pese a que este territorio no pertenece a Marruecos.
Estos son los argumentos en los que se apoya uno de los abogados generales de la Corte de Luxemburgo para pronunciarse a favor de su anulación.
Según el letrado, al celebrar el acuerdo, la Unión "incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación" y de "no reconocer una situación ilegal resultante de la vulneración de dicho derecho".
Aunque las opiniones de los abogados generales no son vinculantes, suelen marcar el camino que sigue el alto tribunal con sede en Luxemburgo en su sentencia.
El acuerdo pesquero vigente entre la Unión y Marruecos, de 2006, ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013. El pasado lunes la Comisión Europea (CE) pidió precisamente la autorización de los países de la UE para actualizar de nuevo el protocolo, que caducará el próximo 14 de julio.
Las opiniones de los abogados generales no son vinculantes, pero suelen marcar el camino que sigue el alto tribunal
La UE y Marruecos celebraron en 1996 un acuerdo de asociación, diez años después un acuerdo de pesca y en 2012 un acuerdo de liberalización en materia de productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca.
El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre de 2016 que los acuerdos de asociación y de liberalización entre las partes no se aplicaban al Sáhara Occidental. No obstante, la corte no se pronunció sobre la validez del acuerdo de pesca.
Las conclusiones publicadas este miércoles se refieren a una denuncia planteada con motivo del acuerdo pesquero ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y País de Gales por Western Sahara Campaign, una organización de voluntariado en el Reino Unido cuyo objetivo es promover el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.
Según esa organización, las autoridades británicas actúan ilegalmente cuando aplican dicho acuerdo y, concretamente, cuando dan un trato arancelario preferente a los productos originarios del Sáhara Occidental que van certificados como productos originarios del reino de Marruecos. La misma organización pone además en tela de juicio que las autoridades británicas tengan la posibilidad de otorgar licencias para pescar en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.
En las conclusiones presentadas este miércoles, el abogado general propone que el Tribunal de Justicia conteste que sí es competente para apreciar si son legales los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, que asociaciones como Western Sahara Campaign pueden cuestionar el acuerdo de pesca y que ese protocolo no es válido, por aplicarse al territorio y las aguas del Sáhara Occidental.
