Beneficiarse de las ayudas de hasta 390 euros mensuales al arrendamiento contempladas en el plan estatal de vivienda recién aprobado por el Gobierno exigirá cumplir con un nivel máximo de ingresos tan modesto que ya de primeras vivir de alquiler con esas rentas requeriría hacer malabares con el dinero para llegar a fin de mes, sobre todo en las ciudades con los precios más elevados. Y es que el texto definitivo del programa estipula que los inquilinos que habiten solos no podrán cobrar más de 806,76 euros al mes (1,5 veces el Iprem) para recibir ese apoyo, una cuantía con la que además de pagar al casero deberán afrontar el resto de gastos.
Por cada ocupante a mayores se sumará a esa cifra 0,5 veces el Iprem, lo que equivale a 268,92 euros. Eso significa que si conviven dos personas, las ganancias conjuntas se limitan a un tope de 1.075,68 euros al mes, apenas 500 por cabeza. En caso de que sean tres los que comparten la vivienda, entre todos no podrán rebasar los 1.344,6 euros, y así sucesivamente. Estos umbrales solo son más holgados si en el piso reside una familia numerosa o con miembros con discapacidad, en cuyos casos el nivel máximo de ingresos puede llegar a 2.689,2 euros.
Con ese telón de fondo, son muchas las voces que destacan que requisitos como los de la renta restringirán considerablemente el acceso a las ayudas. En Galicia, la patronal de las inmobiliarias (Fegein) señala que esa limitación puede notarse menos que en otras comunidades como Madrid o País Vasco puesto que la renta por habitante "es una de las más bajas del Estado", con salarios y pensiones inferiores a la media. Con todo, considera que el umbral de ingresos fijado por Fomento "debería subir al menos un 25%".
Los apoyos económicos al arrendamiento cubrirán hasta la mitad de alquileres que no podrán superar los 600 euros con carácter general. En las zonas donde la vivienda es más cara, si las comunidades así lo deciden, ese límite puede subir a 900 euros. ¿Dónde puede ocurrir? En ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza. En Galicia será difícil que alguna entre en esa excepcionalidad, porque los precios no están entre los más altos del mercado en España.
Con muchas dudas sobre la eficacia del plan para promover el alquiler y facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables, expertos del sector inmobiliario y organizaciones de consumidores avisan de que las ayudas para los inquilinos pueden contribuir a encarecer más unos alquileres ya al alza ante el aumento de la demanda y el descenso de la oferta en muchas zonas. "Casi con toda probabilidad incrementarán los precios y eso perjudicará a todos a medio plazo", advierten desde la Fegein.
Esas voces consideran que el foco debería ponerse en fórmulas para aumentar la disponibilidad de vivienda asequible en alquiler, una encomienda que el Gobierno puso ayer en manos de las comunidades y de los ayuntamientos.
Otra condición para beneficiarse de ella es que el precio de la vivienda no supere los 100.000 euros.
