U N escudo franquista, con su correspondiente águila, yugo y flechas, presidía una de las bóvedas interiores en la entrada de la central hidroeléctrica de Alcántara, en Cáceres. Cincelado sobre la pared de hormigón, su tamaño era de proporciones desmedidas, formidables, y a nadie que pasara por delante podía dejar indiferente. Corrían los noventa y oficiaba de anfitrión Íñigo de Oriol en una visita guiada a uno de los saltos emblemáticos de Iberdrola. Ni se inmutaba el presidente de la compañía ante la sorpresa del visitante. Por algo la central, en su momento una de las más grandes de Europa, llevaba el nombre de su padre, José María Oriol Urquijo, alcalde franquista de Bilbao y uno de los empresarios del régimen.
Oriol fue a Iberdrola lo que los Ybarra a Sevillana de Electricidad (hoy Endesa), Juan March a Fecsa o Barrié de la Maza a Fenosa. Apellidos ilustres para un coto cerrado, como era el eléctrico, y como lo fue también la banca. Veinte años han pasado de aquella excesiva demostración del escudo preconstitucional en Alcántara y las grandes eléctricas siguen administrando el sector como si de una fértil hacienda se tratase. Pueden mudar las formas, permanecen los métodos.
¿Trabaja Álvaro Nadal para el sector eléctrico? Si no fuera por otra polémica, esta vez por el cierre de centrales que impulsa Iberdrola, cualquier observador diría que sí
Gas Natural Fenosa y Endesa se acaban de sumar esta misma semana a la particular nómina de grandes compañías eléctricas investigadas por las autoridades de competencia debido a la más que evidente alteración de precios en los peores momentos, en este caso durante los meses más fríos, comprendidos entre octubre de 2016 y enero de este año. En ese selecto club también brilla con luz propia Iberdrola, que siguió el mismo camino ante el regulador, por alterar precios manipulando sus centrales del Sil. En ese caso, el truco consistía en reducir la oferta hidráulica para que entrasen en operación las centrales de gas natural, fuente sensiblemente más cara.
En esta ocasión, Gas Natural Fenosa y Endesa procedieron, según Competencia, a alterar la entrada de sus centrales de gas en el mercado, con precios más elevados, en momentos en los que el ‘pool’ realizaba ajustes por motivos de seguridad en el suministro. Tras las pertinentes alegaciones, este asunto, como el de Iberdrola con sus centrales del Sil, acabará tarde o temprano en la Audiencia Nacional. Es la solución final de las grandes eléctricas.
-En un país como España, en el que oficialmente no existen lobbies ni nada que se le parezca, y mucho menos una regulación específica, resulta relativamente sencillo detectar los grupos de presión, porque los hay, como en el caso de las grandes eléctricas. Basta con repasar los expedientes y sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La telefonía, los transportes, la televisión de pago, la estiba, el sector lácteo, las tarifas aeroportuarias, los derechos de autor, estaciones de servicio y distribución de carburantes, libros de texto... No hay ámbito o sector que toque la CNMC que no cuente con un lobby silencioso y razonablemente organizado entre bambalinas. Pactos de precios, reparto del mercado y posición de dominio vienen a conformar la tríada anticompetitiva en la mayoría de los casos. Y el sector eléctrico semeja alumno aventajado.
¿Es Competencia, con su presidente, José María Marín Quemada al frente, un particular superhéroe frente al sector eléctrico? Pues, por momentos, da la impresión de que sí. Y es que el regulador no solo tiene enfrente a las empresas en su particular batalla. La CNMC ha llegado incluso a las manos con el Gobierno y ha llevado al mismísimo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ante el Tribunal Supremo. Lo ha hecho con una mano, esta semana, mientras que con la otra abría expediente a las eléctricas. La determinación y la cuantía de los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en la red eléctrica, se encuentran en el centro de una batalla de la que nada bueno se puede esperar. El Gobierno ha retirado vía real decreto funciones de este tipo a Competencia, y algunas más, como inspecciones, liquidaciones, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.
¿Trabaja Álvaro Nadal para el sector eléctrico? Si no fuera por otra polémica, esta vez por el cierre de centrales que impulsa Iberdrola, cualquier observador diría que sí. Para ese lobby eléctrico, Competencia es sin duda incómoda, como también lo es para gran parte de los hogares españoles que la electricidad continúe siendo el servicio peor valorado, según datos del propio regulador. Tenemos lobby para rato. Y el Gobierno dice que la luz bajará en 2018.
Las pifias del ministro acercan más la AP-9
Ese permanente dolor de cabeza al que alude el ministro de Fomento cada vez que tiene que tratar un asunto relacionado con la Autopista del Atlántico tiene fácil arreglo. El analgésico está en Galicia. Sin darse cuenta, al no poner freno a tanto despropósito con las subidas de tarifas que llegarán a partir de enero, Íñigo de la Serna está cargando de motivos a todos aquellos que quieren que la titularidad de la concesión se transfiera. Entre ellos, todo el arco parlamentario gallego, que se dice pronto. El problema de ese traspaso de la titularidad, que nada tiene que ver con el fin de los peajes, es que el dolor de cabeza puede contagiarse. La razón: el hatillo con el que llegaría la concesión, vistos los compromisos adquiridos por los sucesivos gobiernos, de PSOE y PP, que habría que respetar. Ojo con esto, que se mide en euros.
Sin embargo, parece a todas luces un denominador común en la reclamación de la transferencia que la capacidad de influencia sobre la gestión de Audasa será mayor, y al margen de la permeabilidad que pueda mostrar la compañía, es seguro que desde San Caetano los intereses de los gallegos estarán mucho mejor representados, ocupe quien ocupe la presidencia de la Xunta.
Núñez Feijóo alude, por ejemplo, al establecimiento de tarifas por horas, trayectos e intensidad del tráfico en la AP-9. Como en otras latitudes. El ministro de Fomento ni sabe ni contesta a este planteamiento. Es uno de muchos. Las prioridades a la hora de acometer proyectos de envergadura en el vial bien podrían ser otro de los ejes que se marcase desde Santiago. Los errores de De la Serna acercan más la AP-9 a Galicia.
