El grupo parlamentario del BNG registró una proposición no de ley, en la que pide al Gobierno gallego que demande a la Administración estatal una "oposición activa a la legalización del dumping social". Esto es el pago de un determinado servicio según las condiciones del país de origen del trabajador o de la empresa, generalmente inferior.
El BNG denuncia que esta técnica se está empleando en Galicia, por ejemplo en las obras del AVE, subcontratando a trabajadores portugueses a precios inferiores a los estipulados por los convenios españoles.
Los parlamentarios Carlos Aymerich y Fernando Blanco recuerdan en esta iniciativa que el Tribunal de Justicia de la UE estableció este mismo año que el derecho comunitario prohíbe a los estados miembros obligar a las entidades adjudicadoras a conceder contratos de obras públicas sólo a las empresas que se obliguen a pagar la remuneración prevista en el convenio colectivo, aplicable en el lugar en que se realizan estas obras.
De este modo, el tribunal europeo "hace prevalecer la liberdad de prestación de servicios sobre cualquier consideración de orden social e salarial y legaliza, de esta manera, el dumping social, presionando a la baja las condiciones laborales logradas por los trabajadores después de años de lucha y negociación".
En consecuencia, los nacionalistas muestran su rechazo ante esta postura y reclaman un posicionamiento del Gobierno en contra de esta situación, "promoviendo las reformas necesarias para garantizar la vigencia efectiva para todos los trabajadores sea cal sea su nacionalidad, de las condiciones salariales aplicables en los convenios colectivos vigentes en Galicia y en el Estado".
Además, la iniciativa insta al Estado a promover las reformas legales necesarias para impedir el 'dumping' social y salarial en la contratación pública.
27/04/2008
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