La Administración Bush opina que los servicios de inteligencia, en la lucha contra los terroristas, pueden usar métodos interrogatorios prohibidos bajo las leyes internacionales, informó el domingo el diario 'The New York Times'.
Según el diario, ese aval se comunicó al Congreso en "cartas recientes" que "arrojan luz sobre las reglas todavía secretas para los interrogatorios que lleva a cabo la Agencia Central de Inteligencia (CIA)".
Las cartas fueron difundidas por el equipo del senador demócrata por el estado de Oregón Ron Wyden, miembro de la COmisión de Inteligencia del Congreso, añade el 'Times'.
Contra la convención de Ginebra Las Convenciones de Ginebra sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra prohíben "abusos de la dignidad personal", pero una carta enviada el 5 de marzo por el Departamento de Justicia al Congreso "deja claro que la Administración no ha trazado una línea clara sobre cuáles son los métodos interrogatorios que violan esa norma".
La Administración del presidente George W. Bush, según el diario, "se reserva el derecho de tomar decisiones caso por caso".
"El hecho de que una acción se emprenda para prevenir un ataque terrorista, más que con el propósito de humillación o abuso, sería relevante en la determinación de cuán abusiva sea esa acción", escribió Brian Benczkowski, del Departamento de Justicia.
Desde el comienzo de su "guerra global contra el terrorismo" en 2001, la Administración Bush ha sido objeto de críticas por las detenciones sin defensa legal, el traslado clandestino de prisioneros de un país a otro —denominadas eufemísticamente como 'renditions' (entregas) por la CIA—, y los métodos interrogatorios que incluyen privación de sueño, insultos, amenazas, drogas y simulacros de asfixia con agua ('waterboarding').
La delgada línea de lo ''permitido''
En julio de 2007, Bush dio órdenes que restringen el uso de métodos interrogatorios, pero esas normas no se han hecho públicas.
Según dijo al diario una fuente del Congreso, la orden de Bush prohíbe, por ejemplo, que se fuerce a una persona a actos sexuales, o amenazarla con mutilación sexual. "Sin embargo, la orden no indica qué técnicas aún están permitidas", añadió.
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