El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió la directiva europea sobre inmigración que fue rechazada por varios países por considerarla 'blanda' pese a que facilita las condiciones para internamiento y repatriaciones.
En una entrevista de la Cadena Ser, Rubalcaba defendió la necesidad de la normativa porque ofrece un acuerdo de mínimos obligatorios para todos ya que actualmente hay algunos países de la UE donde el trato a los inmigrantes irregulares no está legislado y carece de la necesaria tutela judicial.
Pese a que la directiva permitirá a España ampliar el plazo máximo de internamiento de los extranjeros que entren en el país para facilitar las repatriaciones, Rubalcaba afirmó que la nueva normativa no supondrá ningún recorte de derechos.
La directiva marcará el tiempo máximo de internamiento de los inmigrantes sin papeles, que es actualmente en España de 40 días. El borrador discutido por los estados miembros lleva el límite a los dieciocho para los casos más 'problemáticos'.
Rubalcaba apuntó que el Gobierno seguramente amplíe 'algo más' los 40 días actuales para ''sortear las dificultades'' aunque descartó que vaya a suponer más cambios en la ley española en vigor.
Diez países piden más dureza
Según el ministro de Interior, la negativa de algunos países a la normativa se vincula al temor que la UE invada competencias en procesos que de momento están controlados únicamente por las administraciones públicas. Esto según Rubalcaba desaparecería si la directriz sale adelante "otorgando garantías judiciales a todos los extranjeros que entren de manera irregular en la UE".
Once de los 27 países comunitarios rechazaron el texto acordado por la presidencia con representantes del Parlamento Europeo, diez de ellos porque querían endurecer algunas de las medidas del proyecto de directiva, que establece un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales.
Alemania, Francia e Italia se alinearon con los países contrarios, lo que hizo imposible sumar la mayoría cualificada necesaria para respaldar la legislación, según indicaron fuentes comunitarias. Otros gobiernos se han opuesto a asumir la asistencia jurídica a los inmigrantes sin papeles.
Ante las fuertes diferencias manifestadas en el debate, la presidencia de turno eslovena señaló que estudiará cómo avanzar en esta directiva, que está en discusión desde hace casi tres años.
Postura española
España formó parte del grupo dispuesto a sacar adelante el compromiso, confirmando que su discurso sobre inmigración se ha endurecido durante las últimas semanas.
Durante la campaña electoral, el PSOE tachó de xenófobas varias declaraciones y propuestas del Partido Popular, entre ellas el famoso 'contrato de integración' que los populare proponían para los inmigrantes.
En cambio, no parece haber problema para apoyar una directiva que propone aumentar a 18 meses la detención de personas que no posean los papeles en regla, reduce la burocracia de las expulsiones y contempla el internamiento de menores inmigrantes no acompañados.
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