Los vecinos de Monte Porreiro están a a la espera de que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, fije fecha y hora para una entrevista. Quieren dejar clara su postura sobre el conflicto generado por el rechazo al realojo en la populosa urbanización de tres familias gitanas de O Vao y, al mismo tiempo, recabar información sobre las posibles multas a las que se enfrentan algunas de las personas que participaron en el programa de protestas contra el asentamiento de los chabolistas en las calles Alemaña y Portugal.
Hasta el momento el diálogo entre Delfín Fernández y los portavoces vecinales de Monte Porreiro ha sido nulo pese a las reiteradas solicitudes de reunión efectuadas por la asociación O Mirador.
"Le enviamos un escrito al principio del conflicto, cuando le pedimos permiso para las movilizaciones, pero hasta la fecha no ha encontrado un hueco en su agenda", se lamenta Ángel Mario Lago, directivo de la entidad vecinal de Monte Porreiro. Recuerda que la semana pasada le reiteraron la solicitud de entrevista, de la que aún no han tenido respuesta.
El asesor legal de los vecinos de Monte Porreiro presentó el pasado viernes un recurso contra la propuesta de la Subdelegación del Gobierno de sancionar con 1.500 euros a Maricarmen Noceda por su supuesta participación en los altercados registrados a la salida de un Pleno celebrado por la Corporación municipal de Poio.
En este sentido, Lago asegura que "no hay motivo para imputar a ninguno de los participantes en las movilizaciones porque todas se desarrollaron de forma civilizada, cuyas convocatorias fueron comunicadas a las fuerzas del orden y a la Administración competente". Según el representante vecinal, las protestas se desarrollaron de forma paralela a los contactos que mantenían con Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. "Cuando nos pidió colaboración cesamos en las manifestaciones, que retomamos cuando incumplió los compromisos adquiridos con nosotros".
08/05/2008