El presidente de Bolivia, Evo Morales, aceptó someter su mandato a un referendo de revocación que él mismo propuso hace unos meses y que este viernes el Senado, controlado por la oposición, aprobó por unanimidad.
La crisis política boliviana surgida del referendum de Santa Cruz, ha dado así un nuevo giro que encamina al país a una consulta popular para revocar o ratificar el mandato de Morales, de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y el de los nueve prefectos provinciales (gobernadores), la mayoría opositores.
Fue Morales quien, en diciembre de 2007, presentó el proyecto de ley sobre el referendo ante el Congreso Nacional cuando el país vivía una tensa situación relacionada con el proceso constituyente. Esa propuesta, tras ser aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados, permaneció varios meses bloqueada en el Senado.
En menos de dos meses
"Quiero reiterar mi posición de someternos al pueblo, que nos diga quién sirve y quién no para gobernar", dijo el mandatario, para quien esa consulta "es una forma de profundizar la democracia" en el país y una expresión de respeto a la legalidad, al Estado de Derecho y al Congreso Nacional.
El presidente pidió que el Congreso le envíe cuanto antes la ley de convocatoria del referendo para promulgarla de inmediato.
Según la legislación boliviana, la consulta deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes al visto bueno del mandatario.
Menos porcentaje y votos que en las elecciones
La ley establece que para revocar los mandatos hace falta que el "no" supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios nacional y departamentales de 2005 -donde fueron elegidos Morales, su vicepresidente y los actuales prefectos-, como el número absoluto de votos que obtuvieron.
En el caso de Morales y su vicepresidente, quedarían revocados si el "no" a su continuidad es superior al 53,7 por ciento de apoyo que consiguieron en 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.
En el caso de que los bolivianos decidieran revocar al presidente y vicepresidente, Morales debe convocar elecciones generales en un plazo de tres a seis meses.
09/05/2008
Actualidad