La Unión Europea (UE) ha alertado de la existencia de cuatro concesiones de explotación de pizarra en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Ancares-Courel, incluido en la Red Natura 2000, que incumplen varios artículos de la normativa sobre la protección del medio ambiente que tiene que acatar de forma obligatoria todos los estados miembros. Se trata de una cantera situada en O Courel y de otras tres ubicadas en el municipio de Quiroga.
En todos los casos, según un informe elaborado y emitido anteayer por la Comisión de las Comunidades Europeas —y del que se hace eco El Progreso en su edición impresa de este 10 de mayo—, la autorización de las canteras de hizo en precario, pues, recoge el documento, los informes de impacto ambiental no recogían medidas correctoras para salvaguardar el interés ecológico de la zona y en otros casos se tomó como bueno el realizado por la empresa solicitante. Investigación. La investigación de este órgano de la Unión Europea sobre los perjuicios que las pizarreras de la comarca quiroguesa causan a la flora y la fauna de una zona protegida se inició en el 2005 a raíz de una queja que en tal sentido recibió este organismo.
Tres años después, y tras un extenso informe, la Comisión señala que se ha incurrido en el incumplimiento de varios artículos de hasta tres directrices comunitarias —las 85/337/CEE, 92/43/CEE y 97/11/CEE— que protegen los espacios de especial valor medioambiental dentro del territorio europeo.
La UE ha visto irregularidades en la autorización en 2004 de la explotación denominada Ampliación de La Campa en O Courel, colindante con el LIC. La comisión de la UE que investigó el caso señala que "las propias autoridades (por la Confederación Hidrográfica del Norte) reconocen que las escombreras han invadido el cauce del río Redomás, afluente del Lor, y generado una gran contaminación", añadiendo que tiene "incidencias significativas en la red fluvial e hidrológica de este LIC", así como sobre especies protegidas.
En cuanto a la explotación La Ilusión, en el estudio se indica que "dicho proyecto, por su amplitud y características, representa una amenaza para el interés ecológico y los valores naturales de los hábitats y especies protegidas".
Por lo que respecta a las otras dos canteras incluidas en el informe —denominadas Cupa II sección 2 y Cupa II sección 3—, situadas parcialmente dentro de los límites del LIC Ancares-Courel y autorizadas en 2005, la Comisión de las Comunidades Europeas dictaminó que hubo un procedimiento incompleto de evaluación de las posibles incidencias sobre el medio natural.
Toque de atención
De este modo, esta institución europea da un toque de atención a las administraciones españolas por no haber seguido a rajatabla la normativa que regula la autorización de una actividad extractiva como son las canteras de pizarra a cielo abierto, tan agresivas con el medio ambiente, y por no haber adoptado soluciones para compensar su incidencia sobre el entorno.
Así, no duda en decir que "el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben", a la vez que invita al Gobierno central, "de conformidad con el artículo 266 del tratado constitutivo de la Comunidad Europea, a remitir sus observaciones en un plazo de dos meses" sobre el asunto. Una vez recibidas y analizadas las aportaciones se emitirá un dictamen definitivo.
Alerta ecologista
La asociación ecologista SOS Courel entregó en el mes de septiembre del pasado año en las dependencias del Rexistro Xeral de la Xunta 21.000 firmas para reclamar la declaración de O Courel como parque natural y "proteger el espacio con mayor biodiversidad de Galicia de actividades perjudiciales", citando de forma explícita las canteras de pizarra a cielo abierto.
Las rúbricas tenían como objetivo que el Gobierno gallego diese marcha atrás y rectificase el proyecto de ley aprobado el 21 de junio de 2007 para la ordenación minera de Galicia que declaraba a O Courel como municipio minero. De esta forma, la actividad extractora, según el presidente de la asociación ecologista, "tendría prioridad sobre el parque natural", a la vez que se "legitima la contaminación de la zona con más biodiversidad de Galicia", había alertado el colectivo.
Las continuas quejas de SOS Courel sobre la supuesta ilegalidad de la cantera de A Campa propiciaron que los responsables de esta empresa denunciase a dos miembros de la asociación por injurias y calumnias. La firma, Cupire Padesa, llegó a utilizar como pruebas correos electrónicos que el grupo ecologista envió a modo de spam para pedir apoyo a su causa.
10/05/2008