El pleno del Parlamento aprobó este martes, con el voto en contra del PP, la Lei de Ordenación da Minaría de Galicia, que regulará el sector, pero que tiene muchos puntos espinosos, como la autorización de explotaciones en suelos rústicos especialmente protegidos.
Se trata de la primera ley sobre la minería aprobada en una comúnidad autónoma de España, donde la actividad extractiva está aún regulada por una norma de 1973, promulgada durante la dictadura franquista.
El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, recordó que esta normativa permitirá regular unas 227 minas, más de la mitad de las explotaciones gallegas, que se encuentran "fuera de la legalidad" tras la aprobación de la Lei do Solo, en 2002.
Creación del Plan Sectorial
Dicha ley impide instalar en espacios naturales, paisajísticos, patrimoniales o cualquier tipo de suelo especialmente protegido una actividad económica que no esté regulada por un Plan Sectorial.
Y precisamente uno de los primeros puntos de la Ley da Minaría es la creación del un Plan Sectorial da Minaría, que tendrá carácter supramunicipal y que exigirá una declaración de impacto ambiental antes de instalar una mina en suelo rústico protegido.
Facilidades de más para SOS Courel y de menos para el PP
En su día, la organización SOS Courel criticó esta forma de autorizar las concesiones, por ser la misma que se emplea para los parques eólicos y las granjas de acuicultura, donde ya se ha demostrado que las declaraciones de impacto ambiental no obedecen necesariamente a criterios ecológicos.
Pero el PP, por el contrario, cree que la norma es demasiado restrictiva en cuanto a autorizaciones. El diputado de la oposición, Bernardo Tahoces, justificó el voto en contra de su grupo porque no se aceptó su sugerencia de que los derechos históricos de extracción prevalezcan sobre el uso público del suelo.
Eso permitiría, por ejemplo, mantener activa la explotación minera de Serrabal, amenazada por el trazado del AVE, pero también serviría para justificar la permanencia de otras minas de grave impacto ambiental, argumentando que son actividades históricas.
En general, Tahoces critico que la ley sufre de "trastorno bipolar", ya que "demoniza" la actividad minera, pese a considerarla estratégica.
Nuevos instrumentos jurídicos
Pese a las críticas, Fernando Blanco, destacó la creación de los nuevos instrumentos jurídicos que prentenden "servir al conjunto de Galicia", como el reconocimiento de concellos con especial dependencia de la minería, el establecimiento del proceso de concurso público para la concesión de nuevos derechos de explotación o el registro de empresas mineras.
La minería en Galicia reúne a más de 1.600 empresas que crean mas de 20.000 puestos de trabajo y generan el 2,5 del PIB autonómico. El año pasado, entre todas realizaron exportaciones por valor de casi 450 millones de euros.
13/05/2008
Actualidad