La Xunta no exigirá un gasto mínimo en servicios sociales a los municipios

El Consello de la Xunta aprobó este jueves el proyecto de Lei de Servizos Sociais, en el que finalmente no figura la obligación para los ayuntamientos de destinar un 7% de su presupuesto a la dotación de estos servicios.

Aunque el objetivo de alcanzar "a medio plazo" este porcentaje por parte de todas las Administraciones figura en el preámbulo del texto, en el articulado no se establece ninguna cifra y los ayuntamientos tendrán que financiar sólo lo que les corresponda por sus competencias.

De esta manera, la Xunta elimina el principal punto de discrepancia con las administraciones locales, que a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), habían manifestado su oposición a este requisito.

Batalla ganada para la Fegamp
El presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, considera que la eliminación de la exigencia de un gasto mínimo confirma las tesis mantenidas por la asociación de que otra administración no podía "imponer" a los ayuntamientos un porcentaje concreto de su presupuesto a determinadas áreas, porque si cada Consellería hiciese eso "no tendríamos capacidad de maniobra y tendríamos los presupuestos repartidos".

Por ello, considera que "si hay dignidad política, alguien tendrá que pedir disculpas", en alusión al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, "y sus acólitos", porque considera que desde las filas nacionalistas le llegaron al presidente de la Fegamp "puyas, flechas, jabalinas, golpes y empujones" por este asunto.

Pese a todo, y aunque Fegamp y Vicepresidencia no alcanzaron un acuerdo sobre este punto en las negociaciones iniciadas el pasado mes de febrero, Carlos Fernández afirmó que "teníamos el convencimiento de que jurídicamente" la imposición "iba a encontrar un obstáculo" importante en cuanto llegase a manos de una "asesoría jurídica seria".

Financiación mixta
En el apartado de financiación, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, subrayó que serán los presupuestos del Gobierno gallego "los que proveerán las cantidades necesarias para el cumplimiento de los gastos derivados de sus competencias en materia de servicios sociales", igual que en la sanidad y la educación, al tratarse también de un "sistema universal".

Además, manifestó que los ayuntamientos contribuirán "en la parte que les corresponde", para lo que se fijarán unos servicios sociales mínmios que deberán ser garantizados en todos los municipios. Las fuentes de financiación se completan con la posibilidad de establecer precios públicos, y con las aportaciones de entidades privadas.

Como instrumento de planificación presupuestaria, la Xunta elaborará cada seis años un Plan Estratéxico de Servizos Sociais, que se concretará en los presupuestos anuales autonómicos.

Creación de una 'tarjeta social''
Touriño, destacó que esta nueva ley, que aún tendrá que pasar por el trámite parlamentario antes de ser aprobada, supondrá "superar la visión asistencialista" para establecer un catálogo de servicios que "podrán ser exigidos como derechos por los usuarios".

Con este objetivo, recoge la creación de una tarjeta social gallega, un expediente único y un profesional de referencia para cada usuario. Se trata de una "equiparación, salvando las distancias", según Touriño, con la tarjeta sanitaria, el historial clínico y el médico de cabecera.

También se definirán en un mapa las áreas sociales como unidades territoriales de referencia para planificar los servicios, a partir del cual se fijarán también los criterios de dotación de los centros en toda Galicia. Los servicios se estructurarán en forma de red, en dos niveles de atención, los comunitarios, que comprenden los básicos y los específicos, y los especializados.

Podrán acceder a los servicios sociales gallegos todos los ciudadanos de la UE empadronados en un ayuntamiento gallego, así como los inmigrantes, los emigrantes y sus descendientes que retornen a la comunimdad y todas aquellas personas que se encuentren en estado de necesidad o emergencia social o humanitaria.

Revisión de la 'risga'
Asimismo, la ley establece la obligación de que en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley se proceda a la revisión de la renta de integración social de Galicia, conocida como 'risga', a través de la elaboración de un nuevo proyecto de ley para su regulación que se remitirá al Parlamento.

También recoge la creación de diversos mecanismos de control y participación, como el Consello Galego de Benestar, dentro del cual estará el Observatorio Galego de Servizos Sociais, la constitución de Mesa de Servizos Sociais como espacio de diálogo institucional con los agentes sociales y la Axencia Galega de Servizos Sociais, que tendrá la función de agilizar la gestión de los recursos.

Sanciones
El texto legislativo recoge también un apartado de infracciones y sanciones, tanto para los usuarios como para los centros prestadores de servicios.

Las multas podrán llegar hasta los 600.000 euros en casos muy graves, y conllevar la prohibición de acceder a financiación pública de la Xunta durante un período de entre uno y cinco años, la inhabilitación profesional, la suspensión de la actividad y el cierre definitivo del centro.

También se contemplan indemnizaciones para las personas usuarias afectadas por la infracción.