Técnicos de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) entraron este miércoles en la mina de Serrabal, acompañados por antidisturbios y "con una orden judicial", según informó el delegado de la empresa concesionaria Ramsa, Florentino Castro.
Los trabajadores llevan desde principios de junio impidiendo la entrada de los técnicos y las máquinas para comenzar las obras del trazado ferroviario de alta velocidad a su paso por la zona.
Castro explicó que los técnicos, que todavía continúan en la mina, vinieron con un "montón" de agentes policiales antidisturbios y con una "orden judicial", aunque indicó que los trabajadores no vieron ese documento. El delegado de la empresa matizó que los técnicos de Adif "todavía" no comenzaron a hacer ningún tipo de obra.
Castro señaló que esta entrada es un "acto de fuerza y cobardía" por parte de la Xunta de Galicia, e insistió en que los trabajadores "no son gente violenta" como para entrar con "tantos" antidisturbios". "Cuando un gobierno tiene que gobernar a base de antidisturbios, mal vamos", concluyó.
Boicot a las obras del AVE
Trabajadores y sindicalistas de la mina de Serrabal llevaban desde junio impidiendo la entrada de los técnicos de Adif para que evitar que se tomase posesión de los terrenos de la mina expropiados para el AVE. Siguen defendiendo que se cumpla el acuerdo parlamentario de "compatibilizar los empleos de Serrabal y la ejecución del AVE", algo que consideran que no se hace con el actual trazado.
Los trabajadores de Serrabal ya boicotearon la firma de actas de expropiación de los terrenos del yacimiento afectados, pues consideran que con una leve modificación del trazado se podrían compatibilizar los empleos y el tren de alta velocidad. Por su parte, el Ministerio de Fomento se niega a esta posibilidad pues entiende que supondría un retraso de unos dos años en su ejecución.
Los trabajadores, por su parte, denuncian que el trazado del AVE bloqueará parte de la producción de la mina, especialmente la extracción de silicio. Según los sindicatos, un cambio de trazado permitiría mantener la actividad en la mina y salvar "medio millar de empleos", ya que al centenar de puestos de trabajo de la explotación minera se suman a los de las plantas de Ferroatlántica -propietaria de Ramsa- en Cee, Dumbría y Arteixo.
La Administración asegura que no peligrarán los puestos de trabajo, pero desde UGT señalan que no es posible asegurar eso cuando se trata de una empresa privada.
09/07/2008
Actualidad