El presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, afirma que la justicia «vive momentos de cambio». Las actuales demarcaciones experimentarán una transformación si sale adelante el proyecto barajado por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. «El objetivo es crear macropartidos, con juzgados especializados en cada tipo de jurisdicción», explica. Ello no quiere decir que desaparezcan las actuales sedes, sino que «un juzgado acogería únicamente casos civiles, otro se encargaría de denuncias por violencia de género y un tercero, en una población cercana y englobado en la misma área, resolvería cuestiones mercantiles», manifiesta a modo de ejemplo. Este proyecto trata de «profundizar en la tendencia imparable de la especialización. La agrupación de dos o tres pequeños partidos judiciales permitirá «ahorrar costes y ganar en eficiencia».

Varela Agrelo está convencido de que no existe «tanta desconfianza en la justicia» como indican algunas encuestas, a la vista del aumento de causas. «El único elemento disuasorio son las costas», comenta. El contexto económico contribuye a este incremento. «Hay muchas personas que no pueden, no es que no quieran, hacer frente a sus obligaciones».

La ratio de jueces por habitante en España y en Lugo es inferior a la europea, «por lo que la media de trabajo es elevada», indica Agrelo. Pero la judicatura no se salva de los recortes. «La creación y ampliación de juzgados está paralizada. El número de aprobados que sale anualmente de la escuela judicial era insuficiente hasta ahora, pero comienza a producirse la situación contraria. Al no crearse más juzgados, los nuevos jueces son enviados a ejercer su labor en sedes seleccionadas por el cúmulo de trabajo».

En Lugo siguen en el aire el segundo juzgado de instrucción de Sarria y la cobertura de la cuarta plaza de magistrado en la sección civil de Audiencia Provincial. Este último inconveniente no impidió que los tres jueces que integran este órgano rubricasen en 2011 más de un millar de sentencias, lo que supone una cifra récord. Varela matiza, sin embargo, que los números de las estadísticas «no son representativas. No es lo mismo la instrucción de un juicio de faltas, que la de un concurso de acreedores». Cada juez lucense emite una sentencia diaria de media contando vacaciones y festivos.

Ser juez en cualquier comarca lucense «es más difícil que ejercer en la capital. Hay un importante número de litigios de índole rural que encierran dificultad desde el punto de vista del derecho aplicado y hay que atender las razones de abogados como los lucenses, de reconocida fama en el manejo de esta sofisticada normativa».

Estabilidad
Los datos publicados del Consejo General del Poder Judicial muestran una tendencia a la estabilidad en la cifra de instrucciones y resoluciones en la provincia, ajena a la «saturación excesiva» de otras zonas de España. La ligera caída poblacional y el menor potencial económico, en comparación con la Galicia costera, influye en esta situación. El 30 de septiembre de 2011 estaban en trámite en Lugo 18.997 asuntos frente a los 18.304 del mismo período de 2010. En esos nueve meses, los órganos judiciales recibieron 33.111 asuntos y resolvieron 32.078.

Las reformas legales agilizaron los procesos. «Los baremos para accidentes de tráfico evitan que muchos asuntos lleguen a pleito», destaca el magistrado. Los juicios rápidos y la posibilidad de una sentencia de conformidad abrevian muchos procesos penales. La asignatura pendiente en España es la escasa preferencia por la mediación para cuestiones de menor entidad. «Se intenta potenciar esta figura, pero la gente prefiere el veredicto de un funcionario público a un árbitro privado».

La grabación de juicios en vídeo supuso un notable avance. Permite revisar pruebas y declaraciones antes de emitir sentencia o evaluarlas de nuevo si hay un recurso en segunda instancia. Por contra, las incidencias son «continuas» en el ámbito informático, señala Varela Agrelo.