Desde 2005, las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional contra los condenados por atentados terroristas cometidos por la banda terrorista ETA contemplan, además de la pena impuesta, un matiz que el Código Penal denomina pena accesoria.

Se trata del alejamiento, la "prohibición de residir o de acercarse al domicilio de la víctima o sus familiares durante cinco años a computar desde la puesta en libertad".

Esta pena, incluída en la normativa penal vigente desde su aprobación, en 1995, no fue utilizada sin embargo hasta diez años más tarde. Por aquel entonces, el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, reclamó que se instase a los fiscales de la Audiencia a solicitar la aplicación general de tal coletilla.

El detonante fue el negocio que el etarra Kandido Azpiazu montó en el bajo del mismo inmueble en que residía la víuda de una de sus víctimas, Ramón Baglietto, asesinado por ETA en 1980.

El asesino de Fernando Buesa, el primero
Fruto de las gestiones de Peces-Barba ante el anterior ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en diciembre de 2005 se impuso la primera pena de alejamiento al etarra Diego Ugarte López de Arcaute, por el asesinato del parlamentario Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez.

Aunque la petición de alejamiento fue de 10 años y la sentencia impuso sólo cinco, desde entonces se viene aplicando con regularidad a los convictos de terrorismo.

Así las cosas, con esta medida sería imposible que Iñaki de Juana Chaos, el miembro de ETA que salió en libertad este sábado tras 21 años de reclusión, residiese en un bloque de viviendas donde viven también víctimas de la banda armada. Sin embargo, los 25 asesinatos por los que De Juana fue condenado se cometieron entre 1983 y 1987.

Pese a ser condenado a cerca de 3.000 años de prisión, la legislación vigente entonces -entre 1989 y 1995- fijaba en 30 años el límite máximo de cumplimiento de una pena privativa de libertad. Y las redenciones de penas que disponía el Código Penal de 1973, aprobado durante el Franquismo, restaron otros 12 años del cumplimiento.

Los 'beneficios' del Código franquista
En dicho Código, la medida de alejamiento cuando el condenado quedase en libertad no aparecía contemplada. Se introdujo en 1995, cuando fueron eliminadas también las redenciones de penas en delitos de terrorismo.

Sin embargo, una ley no puede ser aplicada nunca con carácter retroactivo, según dispone el artículo 2 del Código Penal, por lo que a De Juana Chaos no puede serle impuesta la 'coletilla' del alejamiento.

Su salida de la cárcel ha abierto el debate. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido que la ley se aplicase con carácter retroactivo para evitar la salida de prisión del etarra, y su traslado a un edificio en el que viven víctimas de ETA. Sin embargo, la asociación de jueces y el Ministerio del Interior han respondido de modo negativo: la petición de la AVT es contraria a la Constitución.

Pero el caso De Juana ha precipitado que Gobierno y Partido Popular se sienten a negociar una reforma que permita la imposición obligatoria de la medida de alejamiento de las víctimas a los etarras que salgan de prisión.

Se trata de endurecer las previsiones del artículo 48 para que, en determinados supuestos, la pena accesoria se imponga de modo forzoso, sin necesidad de ser solicitada por la acusación.