El CGPJ investigará el permiso penitenciario concedido a Rodríguez Menéndez

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investiga el permiso penitenciario concedido al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, a quien las Fuerzas de Seguridad buscan por no haber regresado a la prisión coruñesa de Teixeiro una vez concluido.

El portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, ha explicado que pretenden aclarar si el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de La Coruña, Javier San Claudio Piñón, cometió alguna falta disciplinaria al conceder el permiso en contra de la opinión de la Junta de Tratamiento del penal de Teixeiro.

El CGPJ pedirá un informe al juez, después de lo que el Servicio de Inspección hará una propuesta -que puede ser de archivo si no aprecia infracción disciplinaria- en el plazo de un mes. De hecho, López ha insistido en que la apertura de la información previa "no supone ninguna toma de posición" del CGPJ.

Fugado de Teixeiro
Rodríguez Menéndez había solicitado el permiso tras haber cumplido una cuarta parte de la condena, condición indispensable para poder disfrutar de este beneficio.

La Junta de Tratamiento de la prisión coruñesa de Teixeiro denegó el permiso penitenciario al abogado por entender que existía riesgo de fuga y por la diversidad de delitos por los que había sido condenado.

Rodríguez Menéndez recurrió esta decisión ante el juez de Vigilancia Penitenciaria, que finalmente concedió el permiso. El letrado salió de la prisión de Teixeiro el pasado 18 de agosto y tenía que haber regresado el 22, pero no lo hizo. Esto supone un quebrantamiento de condena, por lo que se encuentra en condición de busca y captura para las fuerzas de seguridad del Estado.

Detenido en 2006
El letrado fue detenido en mayo de 2006 para ingresar en prisión y cumplir una condena de dos años que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid por la difusión de un vídeo de carácter sexual relacionado con el director de El Mundo, Pedro J.Ramírez, pena que fue confirmada por el Tribunal Supremo.

En octubre de 2006, el Alto Tribunal aumentó de seis a diez años de cárcel la condena que le fue impuesta también por la Audiencia de Madrid por un delito continuado contra la Hacienda Pública entre 1990 y 1994.