El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado, como se preveía, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, un informe de la danesa Margrete Auken (Los Verdes), en el que se amenaza a España con congelar parte de los fondos comunitarios que recibe si no soluciona los abusos urbanísticos.

Además, pide suspender todos los planes de desarrollo urbanístico que no respeten el medio ambiente o que no garanticen el derecho a la propiedad - por ejemplo en terrenos costeros- en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

En contra de esta resolución se han pronunciado los eurodiputados españoles del PP, mientras que los del PSOE se han abstenido. Con todo, y pese a su especial dureza, la aprobación de este informe no tiene carácter vinculante.

Corrupción ''endémica''
El texto considera que en España se ''ha generado una forma endémica de corrupción'' y responsabiliza a todos los niveles de la administración de un modelo de ''desarrollo insostenible''.

Además, el 'Informe Auken' reclama una indemnización adecuada para las víctimas de los abusos urbanísticos y considera ''alarmante'' la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español.

Avaricia de las autoridades
Margrete Auken denuncia que las autoridades judiciales españolas han demostrado que ''no están debidamente preparadas'' para responder a este tipo de abusos; y critica la ''avaricia y conducta especulativa'' de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, ''que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades''.

No en vano, esta es la tercera vez que el PE se pronuncia sobre el urbanismo en España en lo que va de legislatura.

Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la costa mediterránea, y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.