¿Es necesario que un Subdirector General Adjunto se desplace hasta Burela para decirle al Capitán Marítimo que cumpla la ley en cuanto a normalización lingüística? Se lo preguntan los tres trabajadores de la Capitanía Marítima que denunciaron discriminación y acoso laboral por pedir utilizar el gallego en los términos en los que la legislación lo establece -como lengua cooficial- en su rutina de trabajo.

Para las declaraciones de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) en las que aseguraba que Subdirector General Adjunto de Coordinación y Gestión Administrativa se había desplazado hasta el municipio lucense para poner en orden la situación, los denunciantes tienen una calificativo: ''insultantes hacia nuestra persona''.

''Sí conoce las irregularidades'', responden a la DGMM, que asegura no tener constancia del conflicto laboral, y que los trabajadores no se han dirigido a ellos para comunicarles las ''graves acusaciones'' que están realizando contra sus superiores.

Y en cuanto al ''aquí no se prohíbe a nadie hablar gallego'' del Capitán Marítimo burelense, Rafael Casanueva, su réplica es clara: ''Eso a sería el colmo''.

Una ley de obligado cumplimiento
Los tres trabajadores afectados niegan que el pasado día 6 de mayo se hubiera desplazado a Burela el Subdirector General Adjunto de Coordinación y Gestión Administrativa - tal y como afirma la DGMM-. ''Una de las compañeras afectadas estuvo trabajando esa jornada y, además de no verlo por ningún sitio, nadie se dirigió a ella para tratar de solucionar el 'asunto''', explican.

''Además, el miércoles 6 de mayo por la tarde, fue el día que realizamos la ronda de prensa pública, por lo que es un contrasentido que él diga que está todo solucionado sin hablar con nosotros, y que niegue que existe un problema cuando dice que se desplazó a Burela para solucionarlo. ¿O es que se tiene que desplazar a Burela para decirle al capitán y al coordinador de seguridad marítima que cumplan la ley en cuanto a normalización lingüística?, ¿No es de obligado cumplimiento?'', se preguntan.

''Sí conocen las irregularidades''
Sin embargo,lo que recalcan como ''una cuestión importantísima'' es el hecho de que sín informaron al Subdirector General Adjunto, José Piñero, del conflicto laboral, y las irregularidades de sus superiores que denuncian.

''Cuando dice que desconoce las otras irregularidades, le está faltando a la verdad, pues cuando sí se desplazó a Burela (los días 3 y 4 de marzo) para solucionar el conflicto, Brais Fernández le hizo saber todas las irregularidades que se estaban cometiendo en la Capitanía Marítima en Burela y le dio los nombres de los barcos que estaban en una situación irregular, y le explicó con detalle cómo y quien cometía esas irregularidades'', aseguran.

Además, dicen que estas declaraciones se hicieron ante 4 testigos, dos de ellos representantes sindicales.

En respuesta al supuesto clima de malestar que sus protestas están creando en la Capitanía de Burela, los 3 afectados subrayan que ''cuando el Subdirector General Adjunto dice que 3 personas presentaron la denuncia, está hablando de más del 21% de la plantilla, y a la vista de las medidas que tomaron contra nosotros, es normal que nadie se atreva a decir nada''.

''Sólo pretendemos el cumplimiento de la ley''
Nada se ha solucionado, es la conclusión de quienes protestaron por recibir un trato discriminatorio al pedir utilizar el gallego, su lengua materna, cooficial y utilizada ''por el 90% de los administrados en la Capitanía de Burela''.

Sus reivindicaciones seguirán sonando, ''para que toda la gente vea que sólo pretendemos el cumplimiento de la ley''.

Entre ellas, además, de que se cumpla la legislación vigente en cuanto a la lengua, piden que se les restituya en sus puestos, en los que poder trabajar ''con normalidad, que se deje de acosarnos, de perseguirnos y de excuirnos por tratar de hacer nustros trabajo cumpliendo la ley''.

Por último, exigen que ''se tomen las medidas que a DGMM considere oportunas contra las personas que nos están haciendo tantísimo daño y que llevan abusando de su poder 5 meses y medio'', apuntando directamente hacia el Capitán Marítimo, Rafael Casanueva, y el Coordinador de Seguridad Marítima e Inspección, José Ángel Iglesias.