Sin futuro alentador ante una situación sin precedentes. Así se encuentra el sector lácteo gallego después de varios meses en lucha contra su propia y casi permanente crisis, además de soportar la adversa coyuntura económica a nivel global. Precios "por el suelo", importaciones a precios por debajo de costes de producción y ceses de recogida de las centrales ahogan a las granjas gallegas.

Los sindicatos Unións Agrarias (UU.AA.), Xóvenes Agricultores (XX.AA.) y Sindicato Labrego Galego (SLG), junto con la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca), llevan tiempo alertando de que, de prolongarse esta situación "tan sólo unos meses", unas 2.000 granjas gallegas están "en peligro de cierre inminente".

No pueden afrontar los pagos
Lo cierto es que en las comarcas productoras varios ganaderos ya reconocieron "abiertamente", como asegura la secretaria xeral del SLG, Carme Freire, que no pueden afrontar los pagos a proveedores de piensos o veterinarios y las deudas que tienen contraídas con las entidades financieras.

Los productores denuncian que el descenso de los precios de materias primas como los cereales no se trasladó a los piensos, por lo que los costes de producción se mantienen en niveles similares a hace más de un año.

Por el contrario, desde abril de 2008 a febrero de 2009, los últimos datos publicados por el Observatorio Lácteo dependiente de la Consellería de Medio Rural, los precios en origen descendieron unos 5,28 céntimos.

La bofetada de Pascual
A los bajos precios se sumó el anuncio de la empresa Leche Pascual de dejar de recoger la producción a ocho cooperativas gallegas, entre ellas Melisanto, Icos, Tierra Llana, Pico Sacro y Arzuana. Fue la gota que colmó el vaso. Protestas ‘in crescendo’ Ante este panorama, los ganaderos optaron por salir a la calle.

Y lo hicieron de forma conjunta apelando a la "unidad de acción" en el sector. Los actos de protesta se sucedieron intermitentemente desde principios de abril. A la concentración ante Mercagalicia para denunciar la importación "masiva" de leche por parte de la distribución y su posterior uso como "producto reclamo" le siguió la manifestación del pasado 16 de abril en Madrid, a la que acudieron, según datos de los organizadores, unos 14.000 ganaderos y representantes de colectivos vinculados al sector.

Los sindicatos gallegos calificaron esta movilización de "histórica", pero pese al éxito de convocatoria no lograron arrancar ningún compromiso por parte del Ministerio de Medio Rural para atajar la situación.

Sin vista de soluciones, llegaron nuevas concentraciones el día 8 de mayo en las comarcas productoras y la "gran tractorada" del 28. De todas formas, los sindicatos supeditan esta acciones a la puesta en marcha de medidas por parte de las Administraciones.

Medidas urgentes
Los productores reclaman la puesta en marcha de un plan de choque con medidas "urgentes". La principal demanda se refiere al precio. "Reclamamos precios dignos para poder vivir de nuestro trabajo", afirma el secretario xeral de XX.AA., Francisco Bello. Pero las industrias ya anunciaron otra bajada de alrededor de dos céntimos para la producción entregada en abril. De esta forma, los precios rondarán los 0,25 euros.

Otra de las cuestiones que urge es la relacionada con la falta de liquidez de las explotaciones y sus dificultades para afrontar los pagos de créditos. En este sentido, desde los sindicatos instan a la Xunta a que, a través del Igape, habilite líneas de refinanciación de las deudas. Otras opciones serían las ayudas directas o aplazar el vencimiento de los pagos.

El control de importaciones a precios por debajo de costes, el llamado dumping, es también otro de los caballos de batalla del sector. Pero hasta el momento, las Administraciones tampoco actuaron en esta dirección.

Sin respuestas
Las demandas de los ganaderos caen en saco roto al llegar al departamento central pese a las continuas protestas de los sindicatos y las proposiciones y preguntas que los parlamentarios, mayoritariamente gallegos, dirigen a la titular, Elena Espinosa.

Desde Madrid no mueven ficha. Es más, la ministra puso en duda la existencia de dumping y aseguró que deberían ser los productores los que denunciaran ante los tribunales de la Competencia esta actuación "ilegal" de las centrales. Por lo de pronto, la única propuesta del MARM ha sido ofrecerse a coordinar un plan de control de importaciones para las comunidades, ya que según explicaron es una función de competencia autonómica.

En la nueva Xunta la postura es distinta. Hasta finales de abril las reclamaciones no obtuvieron respuesta debido al parón administrativo por el cambio de gobierno. No obstante, los sindicatos acogieron con satisfacción la "total receptividad" del nuevo conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, a las reivindicaciones que le trasladaron en el primer encuentro.

Según confirmó el responsable de UU.AA., Roberto García, el conselleiro mostró su "total voluntad" para implantar un sistema de control de importaciones en las centrales de titularidad gallega. Este método es "factible" y no supondría grandes inversiones para la Xunta, ya que García mantiene que las centrales de otras comunidades, como es el caso de Pascual, no desplazan leche importada a las plantas que tienen en Galicia, porque el grueso de su negocio está fuera de la comunidad. De esta forma, empresas y también consumidores se beneficiarían de una garantía que avalara el producto.

Sindicatos y cooperativas quieren llevar los deberes hechos a la reunión que mantendrán con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que está prevista para este lunes. Desde el sector no están dispuestos a soportar más demoras para activar medidas que frenen esta situación agónica.

"Vamos todos a pique"
"Vamos todos a pique. Todo el rural gallego está relacionado con el sector lácteo". Son palabras del presidente de la Asociación de Distribuidores y Comerciantes de Productos Zoosanitarios y Fitosanitarios de Galicia (Azoofiga), Modesto Agromartín. Este colectivo junto con el Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia y el Colexio de Veterinarios de A Coruña se comprometieron a secundar las futuras acciones de protesta promovidas por las organizaciones agrarias. Parte de los integrantes de estas asociaciones ya participaron de forma activa en la manifestación estatal celebrada a mediados de abril.

Agromartín asegura que no notaron un descenso "significativo" en su actividad, porque algunos productos son de "primera" necesidad. "Si le enferma un animal no les queda más remedio que tratarlo". De todas formas, confirma que los productores están recortando las inversiones para la siembra, ya que se trata de gastos "muy fuertes", que no pueden soportar en estos momentos, por lo que reducirán la superficie de cultivo.

Por su parte, el director de la Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), Bruno Beade, muestra su "apoyo unánime" a las protestas del sector, ya que su crisis también pone en peligro la viabilidad de las fábricas de piensos. "Son nuestros clientes y los males que padecen ellos también los sufrimos nosotros".

Cooperativas
Pero en el propio sector reconocen que es un grupo de cooperativas, entre las que están Melisanto, Icos, Arzuana, Pico Sacro y Tierra Llana, el que están en una situación más crítica.

En el caso de Melisanto, que aglutina a unos 170 productores de la comarca de Melide, Leche Pascual les comunicó que dejaría de recogerles la producción a partir del pasado 1 de abril. Según su gerente, Ventura Blanco, la firma "incumplió absolutamente" el contrato firmado, cuya duración estaba establecida hasta el próximo mes de agosto.

El cese de recogida no se hizo efectivo en sentido literal. Las cisternas siguen cargando leche en las granjas melidenses, pero esta producción va destinada a la transformación en polvo. Con estas condiciones, el precio del litro es de 0,16 euros, unos 10 céntimos menos de lo que percibirían si fuera destinado a líquido. "Es como vender un coche nuevo para chatarra", sentencia Blanco.

Riqueza ilegal
Los ganaderos sospechan que la leche que entregan para transformar en polvo vuelve a entrar en el mercado pero de forma líquida, por eso acusan a las industrias de enriquecerse "ilegalmente". De todas formas, no hay una confirmación de que realmente se esté produciendo esta situación.

Entre las causas de la actuación de Pascual, el gerente de Melisanto sitúa el descenso de las ventas, que se redujeron en un 20% en el último año. Pasó de los 710 millones de litros a 580, según los datos proporcionados por Blanco, que afirma "entender" la rebaja en la adquisición de leche.

Además, apunta que hay "claros indicios" de que la firma cierre a planta que tiene en la localidad lucense de Outeiro de Rei, opinión compartida por representantes de sindicatos y productores. Blanco comenta que la central redujo la adquisición de leche a la mitad, de los 18 millones de litros que recogió en el mes de marzo a los 9 millones de abril.

Desde la cooperativa, con la colaboración de los sindicatos, siguen en busca de un nuevo comprador, pero reconocen que en estos momentos "está muy difícil".