La amenaza de un golpe de estado sigue en el aire en Honduras. Mientras miles de seguidores del presidente Manuel Zelaya se echan a la calle para defender la convocatoria de un referendum que permita reformar la Constitución y garantizar su reelección, otros tantos enemigos que se ha ganado con la puesta en marcha de políticas sociales que iban en contra de los intereses de la oligarquía hondureña también protestan, en defensa "de la paz y la democracia".

La última hora que llega desde el país centroamericano es el apoyo que la OEA --la Organización de Estados Americanos-- ha brindado a Zelaya. Para preservar la democracia en el país, la organización enviará una comisión especial que analizará la situación política y promoverá una solución a través del diálogo.

El texto ha sido adoptado por consenso tras una reunión de cuatro horas en la sede del organismo en Washington, un encuentro pedido por el propio Zelaya por boca de su embajador, Carlos Sosa, quien advirtió al organismo de que "la institucionalidad democrática y el ejercicio legítimo del poder están en riesgo".

La ONU habla claro: ''intento de golpe''
Por otro lado, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel D'Escoto, condenó "de forma clara y contundente el intento de golpe de Estado que está teniendo lugar en este momento en Honduras contra el gobierno democráticamente elegido del presidente Manuel Zelaya". A través de un comunicado, el diplomático nicaragüense pidió a las partes implicadas que resuelvan sus diferencias a través del diálogo.

"Teníamos la esperanza en Latinoamérica en general, y en Centroamérica en particular, de que esos días horrorosos de los golpes y demás interrupciones del orden democrático fueran cosa del pasado", esperó D'Escoto.

Pero la ONU no es el único organismo que ha mostrado su preocupación por los hechos ocurridos en Honduras en los últimos días. En la misma línea se ha pronunciado la ALBA --Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe--, quien denunció "un golpe contra el camarada Zelaya".

La guerra por 'la cuarta urna'
El choque entre los poderes constituídos en Honduras se agudizó el jueves, cuando Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor y aceptó la dimisión de su ministro de Defensa, después de que ambos se negasen a acatar una orden referida a la consulta popular. También dimitieron los jefes de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

Los militares tomaron la calle tras desobedecer el mandato de distribuír material logístico para la realización el domingo del referendum que Zelaya quiere llevar adelante. Se trataría de decidir si en las elecciones del 29 de noviembre se coloca una cuarta urna --además de las destinadas a elegir a presidente, diputados y alcaldes-- para la convocatoria de una asamblea que reforme la Constitución y permita su reelección.

Los detractores de la consulta aseguran que lo que quiere es cambiar el marco jurídico para poder reelegirse. En la línea, lo que se plantea para este domingo, 28 de junio, es una consulta sobre la consulta. El presidente llamó a que la gente opine sobre su propuesta de instalar la cuarta urna.

El congreso hondureño aprobó una nueva ley que regula los referendos y plebiscitos e invalida jurídicamente la consulta. La nueva legislación impide la realización de consultas 180 días antes y después de las elecciones generales.

El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, de mismo partido que Zelaya, el Partido Liberal, señaló que la consulta no tiene validez jurídica y que en la actual Constitución ésta se considera delito. La iniciativa impulsada por Zelaya es rechazada por Micheletti, quien sostiene que el presidente pretende perpetuarse en el poder.

La decisión de la OEA satisface a Zelaya
Mientras, Zelaya ha valorado la decisión de la OEA y ha afirmado que el apoyo de la comunidad internacional a su Gobierno y al pueblo hondureño ha frenado el intento "coordinado" de varios poderes públicos, alentados por la oligarquía, de derrocarlo.

El mandatario ha señalado que "ya está bastante superada esta situación de proceso de golpe" de Estado "muy coordinado entre el Congreso más la Fuerza Armada y las manifestaciones" en contra del Gobierno y convocadas por los jefes militares.

El texto aprobado insta al secretario general de la OEA a constituír, con carácter urgente una comisión especial que visite Honduras para "hacer un análisis de los hechos". La misión especial del organismo interamericano deberá además "contribuir a un diálogo nacional amplio" con el fin de promover soluciones democráticas a la crisis polícia que atraviesa Honduras, y que enfrenta a Zelaya con los otros tres poderes constituídos: el Congreso, el ejército y los tribunales de Justicia.