El Gobierno español ha decidido aumentar la presión sobre los golpistas en Honduras y ha decidido llamar a consultas a su embajador en la República, Ignacio Rupérez. Con este gesto pretende que, en el marco de los esfuerzos internacionales en curso, los golpistas accedan ''al restablecimiento de la institucionalidad democrática'' en el país.

La decisión, comunicada la dirección general de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se produce un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pidiera a los países de la UE que llamen a consultas a sus embajadores en Honduras de forma ''urgente''.

La llamada a consultas supondría una retirada temporal del embajador en Honduras, un instrumento diplomático del que disponen los Gobiernos para mostrar su desacuerdo con determinadas situaciones que se producen en el Estado en el que está acreditado el embajador.

En este caso, según señaló el martes Moratinos, se pretende mostrar la ''firmeza'' en la condena del golpe militar que ha forzado la salida del país del presidente, Manuel Zelaya.

Zelaya: ''El golpe es un retroceso para América''
Por su parte, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, ha afirmado de forma tajante que el golpe de Estado sufrido en su país ''es un retroceso para América''.

Durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), Zelaya agradeció a los países miembros de esta organización su condena al golpe, el 37 período extraordinario de sesiones de su Asamblea General.

Ultimátum de la OEA
En esta misma reunión, la OEA aprobó -por aclamación y tras intensos debates entre los cancilleres y embajadores asistentes- una resolución de cinco puntos por la que da a los golpistas un plazo de 72 horas para restituir en el poder a Zelaya. Ha advertido al Gobierno de Micheletti de que, si no lo hace, se arriesga a la expulsión de Honduras del organismo regional.

La expulsión se produciría en aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que establece que si la Asamblea General, durante una sesión extraordinaria, constata que se ha producido una ''ruptura del orden democrático'' en un Estado miembro y que han fracasado las gestiones diplomáticas para resolver la crisis, puede suspender a ese país con la venia de los dos tercios de los Estados miembros.

La suspensión de un país miembro, que entre otras cosas supone la congelación de créditos y el aislamiento diplomático, es la acción más severa que adopta la OEA desde que suspendiera a Cuba en 1962.

Micheletti sigue adelante
Pese al mensaje de la OEA, al actual presidente, Roberto Micheletti, parece no temblarle el pulso.

El mandatario impuesto desautorizó este miércoles a los embajadores en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Arturo Reina y Carlos Sosa, y anunció su destitución, porque no atendieron sus instrucciones de ''no expresarse en contra de este Gobierno'', explicó.

Además, y ante la presión internacional, Micheletti repitió que enviará emisarios a Estados Unidos y remitirá notas a organismos internacionales y embajadas en Tegucigalpa para que ''tengan conciencia de lo que aquí ha pasado''. ''Vamos a entregar copias de todo el proceso legal que se ha seguido'', puntualizó.

Amenazas a Zelaya
Por otra parte, Micheletti ha asegurado que Manuel Zelaya será detenido si regresa al país, tal y como anunció que hará el jueves.

''Si el señor ex presidente de la República llega aquí se tendrá que enfrentar con las diferentes órdenes de captura que tiene de parte de la Corte Suprema de Justicia, de los juzgados y de la Fiscalía'', explicó.

El fiscal general, Luis Rubí, incluso llegó a afirmar que si Zelaya regresa a Honduras será detenido porque hay orden de captura en su contra por delitos que podrían costarle hasta 20 años de prisión.

Zelaya anunció el lunes su regreso al país para el jueves acompañado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y los presidentes que le quieran acompañar.

Por el momento, sólo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha anunciado que le acompañará. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no lo hará ''por prudencia''; mientras que el presidente mexicano, el conservador Felipe Calderón, tampoco lo hará, aunque ha respaldado su decisión.