El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la investigación abierta en relación con el dinero que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió durante su estancia en Estados Unidos, entre 2005 y 2006, al no apreciar falta disciplinaria alguna en su conducta.

Esta decisión ha sido adoptada por unanimidad de los vocales que integran la comisión disciplinaria del CGPJ, han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La comisión disciplinaria considera que Garzón no incurrió en ninguna falta en relación con su estancia en la Universidad de Nueva York, a donde se desplazó en virtud de la concesión de una licencia de estudios que le fue concedida por la comisión permanente del Consejo.

No consta como segundo empleo
La resolución señala que no se trató de una autorización de compatibilidad para el ejercicio de un segundo empleo, por lo que tampoco cabe analizar si las cantidades percibidas por el magistrado superaron los límites establecidos en la Ley 53/1984, ya que estos límites se establecen para los casos en los que se compatibilizan dos cargos públicos, ''circunstancia que no se da en este asunto''.

Los vocales de la citada comisión son Pío Aguirre, Gemma Gallego, Miguel Carmona, Margarita Uría y la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, en sustitución de José Manuel Gómez Benítez, quien se ha abstenido de este asunto por haber ejercido anteriormente como abogado de Garzón.

El pasado 9 de junio, el CGPJ acordó seguir investigando la denuncia del abogado Antonio Panea contra Garzón y rechazó así la propuesta del servicio de Inspección del Consejo, que proponía el archivo de la denuncia al considerar que Garzón no había engañado al CGPJ sobre sus ingresos.

Querella por cohecho
El Consejo decidió entonces continuar la investigación para dar cumplimiento al contenido de una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) que había dejado sin efecto el archivo por el Consejo de una primera denuncia que Panea presentó contra Garzón por las remuneraciones que percibió en Estados Unidos.

La primera denuncia por los cobros de Garzón en Estados Unidos fue presentada por el citado abogado el 22 de febrero de 2008 y fue archivada en abril de ese año por el Consejo, que no obstante reabrió la investigación sobre estos hechos el pasado mes de marzo en vista de un auto de la Sala de lo Penal del TS que archivó una querella por cohecho que este abogado presentó contra el juez.

El Alto Tribunal acordó, no obstante, deducir testimonio de su resolución al Consejo al concluir que el juez no comunicó el cobro de 203.000 dólares en concepto de sueldo.

La Inspección del órgano de gobierno de los jueces había propuesto a la comisión disciplinaria del CGPJ que archivara la denuncia del abogado Antonio Panea -a la que se adhirió el letrado José Luis Mazón- al considerar que no hubo ''engaño'' o ''falta de verdad'' por parte del juez al Consejo sobre sus retribuciones.

Cobro de 1,7 millones
Los abogados acusaban a Garzón de haber recibido 1,7 millones de dólares del Banco Santander por la presentación de un ciclo de conferencias y luego archivar una causa judicial contra esta entidad bancaria.

Sobre la supuesta infracción del deber de abstención, la resolución del CGPJ señala que esta cuestión quedó resuelta por el auto del Tribunal Supremo, ''no existiendo en la Ley Orgánica del Poder Judicial ninguna causa de abstención que guarde relación con los hechos objeto de la denuncia contra Garzón'', por lo que procede el archivo.

Con esta decisión los tres asuntos que el CGPJ investigaba sobre Garzón ya están resueltos.

Así, el pasado miércoles el Consejo acordó imponer una multa de 300 euros al magistrado. por dejar libres por error a dos narcotraficantes turcos Erdem Vardar y Sahin Eren (huido desde el pasado mes de febrero) y archivó las diligencias abiertas en relación a la queja interpuesta por Panea y Mazón contra Garzón por un permiso que el magistrado obtuvo en agosto de 2007 para ir a Perú.