El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado la apertura del juicio oral contra los ocho acusados del caso Sintel --la ex filial de Telefónica-- por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública, y les ha exigido que depositen en 24 horas una fianza de 300 millones de euros.

En auto fechado el pasado 30 de junio, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha ordenado el depósito de la fianza como medida cautelar, ya que los ocho acusados se enfrentan a una petición de indemnización de 296,5 millones de euros por parte de los ex trabajadores de Sintel, por los perjuicios que les causó la quiebra de la filial de Telefónica en 2001.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado penas de prisión de entre dos años y seis meses y cinco años y seis meses para los ocho acusados, relacionados con la sociedad Mastec, reclama además un mínimo de 115 millones de euros de compensación para los 1.828 trabajadores de Sintel.

Entre los principales acusados del caso Sintel figuran Jorge Mas Santos y Juan Carlos Mas Santos, responsables de Mastec e hijos del empresario cubano Jorge Mas Canosa (ya fallecido), que supuestamente contribuyeron a distraer cantidades de Sintel en favor de su familia, lo que contribuyó a que la empresa quebrara.

La investigación sobre el "consciente vaciamiento patrimonial" de la ex filial de Telefónica entró en mayo de 2007 en su recta final. Un informe de Anticorrupción entregado al juez Pedraz imputó por los hechos a una veintena de personas --ex directivos de Telefónica, de Sintel y de las empresas de los compradores, la familia Mas Canosa--, además de a un grupo de comisionistas que aprovecharon la caída en picado de la sociedad para cobrear cantidades multimillonarias.