El alcalde de Santiago de Compostela, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, ha puesto la primera piedra en el camino de los tractores que entre los días 13 y 17 de julio están llamados a salir a la calle para defender los intereses de un sector que agoniza.

Apelando al caos circulatorio que, a juicio de Bugallo, han causado las anteriores movilizaciones de los ganaderos en la capital gallega, el socialista demandado al TSXG --Tribunal Superior de Xustiza de Galicia-- que desautorice las protestas convocadas en lo que ya se conoce como 'Semana Blanca'. ''El derecho de manifestación es de las personas, no de los vehículos'', ha espetado el regidor compostelano.

''No interesa que estemos en las calles''
Su reacción no ha gustado a los sindicatos mayoritarios --Xóvenes Agricultores, Unións Agrarias y Sindicato Labrego Galego--, que acudían por vez primera de manera conjunta a una protesta con las mismas reivindicaciones. Así, Lupe Prado, responsable de la sección de leche del Sindicato Labrego Galego, afirma que ''los gobiernos no quieren llevar a cabo medidas que solucionen el problema'' por lo que ''no les interesa que estemos en las calles''.

Prado expone que ''las políticas de la Xunta no sirvieron de nada y el PSOE anda por las ramas'', por lo que cree que algunos gobiernos locales se sentirán nerviosos ante estas movilizaciones. Ve también complicada la posibilidad de una negociación con la Administración antes de la 'Semana Blanca'. Ve una falta de interés en la nueva Xunta de realizar ''un recorrido largo'' que atienda las reivindicaciones del sector lácteo.

Así, definió las medidas aprobadas hasta ahora por la Xunta como ''publicidad para convencer a aquellos que no viven de este sector''. Expone que ''los créditos bancarios no van a darnos liquidez'' debido a la exigüa situación económica en la que se encuentran. Prado recordó que en Francia ''ya hay un precio mínimo para la leche''.

Derecho a manifestación
En Xóvenes Agricultores no conocían la demanda del Sánchez Bugallo. Su secretario xeral, Francisco Bello, pone sus esperanzas en la resolución del Superior gallego, donde los sindicatos han presentado un recurso ante la bofetada que les ha dado la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, al no permitir la tractorada. "Esperamos que esto tenga fácil solución y que nos dejen manifestarnos libremente", confía Bello.

El sindicalista, igual que ha reconocido Bugallo, sabe que la ciudadanía está de parte de los ganaderos. "Procuraremos causar las menores molestias posibles, ya que buscamos el apoyo de todos", asegura, al tiempo que explica que salir a la calle es una necesidad para hacerse oír, para hacer visibles las demandas "de un sector que agoniza".

Bello aclara el porqué de la asistencia de su sindicato a la 'Semana Blanca', ya que no estuvo presente en las dos convocadas de manera unilateral por el Sindicato Labrego y Ganaderos Unidos --tractores que llegaron de las comarcas de Soneira, Xallas, Ordes y Deza--. "Esta es una convocatoria nuestra, como organización soberana, y tiene como objetivo defender los intereses de los ganaderos, lo que llevamos haciendo desde siempre".

A golpes contra ''un muro de insensibilidades''
Roberto García, de Unións Agrarias, no conocía tampoco la reclamación de Bugallo. "Entiendo la preocupación del Concello, pero también entiendo que después de dos años reclamando mejoras los ganaderos llegamos a esta solución porque no queda otra salida".

García arremete contra el "muro de insensibilidades" que a su entender se han encontrado los ganaderos tanto en el Gobierno gallego como en el estatal, "la insensibilidad de los políticos que nosotros elegimos", y critica la demanda del regidor compostelano, "como si estuviese en su mano regular el derecho de huelga".

Según el sindicalista de UU.AA, las administraciones deberían tener en cuenta no sólo el número de ganaderos que están en el paro o las explotaciones que han echado el cierre, sino "que tengamos que seguir alimentando a nuestros animales sin cobrar nada". García lamenta tener que recurrir a una tractorada "y no poder resolver este problema por la vía judicial, forzando a las distribuidoras" a llegar a un acuerdo sobre los precios de la leche, del mismo modo en que se ha hecho en otros países, como Francia.