Las autoridades responsables de gestionar el accidente del mercante con bandera panameña Casón (Gobierno Civil de A Coruña, Dirección General de Marina Mercante, Capitanía Marítima de A Coruña, Protección Civil y Xunta de Galicia) habían elaborado un plan de actuación que se fue al garete cuando la población comenzó a evacuar las regiones de Fisterra, Corcubión, Cee y Muxía. Hasta ese momento el problema no estuvo tanto en las actuaciones y decisiones tomadas como en la falta de información, las contradicciones que se reflejaron en la prensa y la incertidumbre sobre el grado de peligrosidad de la carga.

5-6 de diciembre:
23 muertos y el mercante varado
El malestar comenzó ya con el embarrancamiento del mercante en la playa de Rostro y las acusaciones de los vecinos a los tripulantes del Remolcanosa 5 de que dejaron varar el Casón por orden de sus superiores. La prioridad, el día 5 de diciembre de 1987, era rescatar a los miembros de la tripulación que se habían arrojado al mar de forma precipitada tras declararse un pequeño incendio en una de las bodegas de proa. Según manifestó el capitán del remolcador, Carlos Guerra, en una entrevista en El Correo Gallego "no pudimos salvarlo porque nos faltaron las fuerzas", debido a los gases que emanaba el buque. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos concluía, por el contrario, que el Remolcanosa 5 llevó el Casón cerca de la costa y lo dejó varar "anormalmente sin intentarlo evitar". Todas las tentativas posteriores fueron inútiles.

El testimonio del jefe de máquinas del Casón abrió la caja de los truenos: en los bidones estaba impresa la imagen de una calavera con dos tibias y la señal de peligro número seis. El contenido exacto sólo lo conocía el capitán, fallecido junto con otros 22 tripulantes. Comienzan entonces los análisis de las ropas de los marineros supervivintes y se solicita una investigación a la Dirección General de Marina Mercante. La Comandancia de Marina de A Coruña afirma que no existe peligro de contaminación, aunque la carga es tóxica, y que las medidas adoptadas responden a cualquier otro caso de encallamiento.

El saber de los marineros puede más que los comunicados institucionales. El precipitado abandono del mercante, ordenado por su capitán, hacía sospechar a la gente que pudo ser más peligroso permanecer en la cubierta incendiada del Casón que lanzarse a las aguas revueltas del Atlántico.

7-8 de diciembre: el plan de la Comisión de Expertos
Los primeros datos que da el comandante de Marina de A Coruña, Antonio Díaz-Pache, sobre la carga del Casón (facilitados a su vez por la casa armadora del barco) incluyen muchas cifras pero pocas explicaciones. Se habla de gases y líquidos inflamables en distintos grados y de una cantidad indeterminada de substancias tóxicas.

La inspección técnica del buque y las labores de extinción del incendio se desarrollan entre grandes tensiones. Desde tierra, el director general de la Marina Mercante, José Antonio Madiedo, apremia a los inspectores: "si no bajáis vosotros, que vayan los tripulantes del remolcador. Sino, voy yo. Es preferible quemar una manguera que quemar las horas inútilmente". Este mismo día el alcalde de Fisterra da orden de desalojar el Monte Castelo, desde donde los vecinos observaban el suceso.

El día 8 de diciembre se crea una Comisión de Expertos entre la Marina Mercante, Capitanía Marítima de A Coruña, técnicos de Protección Civil y Gobierno Civil para determinar un plan que actuación que garantice las operaciones de descarga de la mercancía del Casón. Llegan los datos específicos sobre la carga, pero en los medios de comunicación se publican las opiniones sobre su peligro potencial de diversos especialistas en química, ninguno por parte de Marina Mercante.

La Comisión estudia la posibilidad de desalojar las poblaciones próximas al siniestro. En base a esto, el Ayuntamiento de Santiago organiza un servicio permanente de acogida y asistencia a los posibles evacuados. Mientras, entre la población se incrementa el clima de inseguridad. Varios cientos de personas salen a la calle en Fisterra para pedir información oficial. El único mensaje que les transmite el gobernador civil, Andrés Moreno Aguilar, es que la situación "está controlada".

 

 

9-10 de diciembre: bidones y vecinos marchan de la costa
Dos remolcadores con base en Gijón y Santander, el Punta Salinas y el Alonso Chaves, inician el traslado de materiales del barco, que sigue ardiendo. Se descargan un total de 255 bidones de las "sustancias más peligrosas" según las autoridades oficiales (cresoles y formaldehídos ). La idea inicial era mantener los bidones eb los remolcadores hasta ser de nuevo embarcados para alejarlos de la costa. Durante las operaciones los marineros de Fisterra y otras zonas de la Costa da Morte deciden no salir a faenar y se suspenden por orden de la Consellería de Educación las clases en los colegios de la región.

El éxodo que unos cientos de vecinos protagonizaron el día 9 de diciembre se transforma en una huida masiva a partir de las siete de la tarde del día siguiente. Una serie de explosiones registradas en el mercante, "reacciones químicas previsibles" o fenómenos "de polimerización" para José Antonio Madiedo, provocan el pánico en los habitantes de Cee, Fisterra, Corcubión, Muxía, Dumbría y otras localidades de la Costa da Morte. Desde la Xunta de Galicia se habla de una "nube tóxica" que después no resulta ser tal según los análisis realizados por el propio Gobierno gallego.

Las llamadas a la calma no sirven de nada y el contingente de evacuación programado comienza a funcionar tarde, cuando los vecinos que no tenían medios propios se amontonaban en las carreteras esperando por un autobús que los sacara de allí. Casi 12.000 personas abandonan sus hogares y se dirigen principalmente a Santiago y a Coruña, aunque la acogida de evacuados se amplía hasta Noia y Negreira. Con algunos problemas de suministros (Santiago era la única ciudad que días antes ya estaba preparada para dar asistencia a la población), las ciudades intentan mantener a los desalojados en las mejores condiciones posibles.

Las autoridades quiren que los vecinos vuelvan a sus casas insistiendo en que la situación no reviste peligro. Los bidones están ya fuera del puerto de Brens en dirección al campamento militar de Parga (Guitiriz), donde serán almacenados un período indeterminado de tiempo antes de transportarlos no se sabe dónde. El Gobierno Civil mantiene un secreto absoluto sobre el destino final de los bidones.

11-15 de diciembre: improvisaciones de última hora
Algunos habitantes de Fisterra y otras localidades deciden regresar a sus casas. El conflicto se traslada a Guitiriz, donde los vecinos salen a la calle para impedir el paso del convoy con los bidones del Casón. Se organizan barricadas, la Guardia Civil carga contra los manifestantes y finalmente los agentes escoltan los camiones hasta su entrada en el campamento militar de Parga. Las movilizaciones en Guitiriz no cesan.

El plan de actuación, que fue variando desde que se produjo la situación de pánico en la Costa da Morte, remata con una improvisación: durante la noche del 11 al 12 de diciembre los bidones salen de Parga y amanecen sin previo aviso delante de la fábrica de Alúmina-Aluminio, entre San Cibrao y Xove. Las consecuencias del siniestro en el litoral fisterrano acaban en la Mariña Lucense generando un conflicto laboral inesperado que tiene como final el despido de 109 empleados y la totalidad del comité de empresa de la fábrica (23 trabajadores).