El Consello de Contas ha detectado "irregularidades" en las subvenciones otorgadas desde la administración pública gallega a las federaciones y los clubes deportivos entre los años 2002 y 2005, los últimos en los que el popular Manuel Fraga estuvo el frente del Gobierno autonómico, según indicó hoy el consellerio maior Antonio López Díaz, que este martes entregó a la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, un informe de fiscalización de estas ayudas en el citado período.

Tras analizar la situación, el documento encuentra problemas tanto en la adjudicación como en el control de las subvenciones otorgadas. Así, señala que en 2002 y 2003 se repartieron más de 14'9 millones de euros en ayudas "sin que se esigiese acercar facturas y demás documentos originales" para justificar los gastos por parte de los receptores, lo que vulnera el decreto 287/2000 . Ya en 2004 y 2005 se exigió a las federaciones que remitiesen facturas y justificantes originales, pero sin embargo, la administración aceptó que se acreditara con "recibís" la entrega de fondos que estas organizaciones hacen a los clubes, sin comprobación adicional.

Además, el informe señala que la "asignación de cuantías" concedidas a las federaciones se efectuó "á marxe dos criterios contenidos nas ordes reguladoras" y las ayudas no se otorgaron en el marco de un "verdadero proceso de concurrencia competitiva". Además denuncia la ausencia de "actuaciones efectivas de control respecto a los fondos entregados".

Se señala también que el contenido de las bases de convocatoria de ayudas públicas que aprobó la administración en los ejercicios 2002 a 2005 "no se ajustó a la legalidad" y no establecía la obligación de publicar en los diarios oficiales los beneficiarios y las cuantías asignadas, por lo que el proceso de adjudicación "se vio privado de transparencia". Así, en el período analizado "no se publicó en el diario oficial ninguna concesión de las ayudas económicas a federaciones y clubs".

También se apunta que no se estableció la obligación de que las entidades subvencionadas comunicaran las ayudas obtenidas por parte de entidades privadas para afrontar las actividades subvencionadas, lo que podría obligarlas a reintegrar parte de las ayudas públicas y que, a pesar de detectar que algunas federaciones habían retenido de modo "irregular" parte de las ayudas, no se tomó contra ellas ninguna medida sancionadora.