La pena de muerte puede quedarse con un bastión menos en Estados Unidos después de la decisión de la Asamblea Estatal de Nueva Jersey. Los miembros de la Cámara Baja de este estado aprobaron por 44 votos a favor y 36 el penúltimo trámite para que la derogación de la pena a falta de la firma del gobernador Jon Corzine, que ya anunció que lo hará en “dos o tres días”.
Abolir la pena capital es "un asunto de conciencia y de administración responsable de la justicia", según Corzine, quien añadió que "el estado está tomando un paso doloroso, pero necesario".
Concluye así un año de proceso legislativo para impulsar una medida que, para su promotor, "no es una cuestión política ni partidista, sino de consciencia". Nueva Jersey se convertirá en el primero de los cincuenta estados de EE.UU. en abolir la pena de muerte desde que el Tribunal Supremo del país la restaurara en 1976.
Según el Centro de Información estadounidense de la Pena de Muerte, desde que se restableció la pena capital en EE.UU. en 1976 han sido ejecutadas en el país 1.099 personas, cerca de 400 de ellas en Texas, el estado donde a más convictos se les ha aplicado ese castigo.
En Nueva Jersey, donde la pena no se aplica desde 1963, los principales beneficiados por la abolición serán, de momento, los ocho reos que están en el corredor de la muerte, seguidos de los dos hombres que en 2008 serán juzgados por el asesinato de un matrimonio y sus dos hijas menores.
Mantener un castigo que no se aplica en el estado tiene un coste para el erario público de unos once millones de dólares al año, una cantidad que, según el texto del proyecto, se destinará a ayudar a las familias de las víctimas de reos.
Tendencia a la abolición
Estados Unidos sigue siendo una isla para la pena de muerte entre los países occidentales, el único donde no sólo sigue vigente sino que además recibe un sólido apoyo por parte de su ciudadanía. La abolición es un tema tabú en la carrera presidencial, con todos los candidatos apoyando firmemente la pena de muerte o extendiendo largas evasivas que no abran sangrías entre sus electores.
Sin embargo, si existe una tendencia, es a la abolición. En los últimos años varios estados dieron pasos hacia ella. Illinois decretó en el 2000 una moratoria en su aplicación tras la noticia de que 13 personas habían sido condenadas por error; Nueva York dictaminó en 2004 que era inconstitucional.
Tennessee, California y Carolina del Norte analizan si deben o no mantenerla, al tiempo que varios recursos de inconstitucionalidad pesan sobre la inyección letal, por lo que el Tribunal Supremo mantiene suspendidas las ejecuciones.
En el 2006 se ejecutaron 56 personas, lejos del triste récord establecido en 1999, año en el que se llegó a las 98.
14/12/2007
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