La aplicación del decreto del 6 de agosto pasado por el que se aprueban los precios públicos de la utilización de los comedores escolares en los centros docentes públicos no universitarios constituye ''un cúmulo de despropósitos'', según CIG-Ensino, que reclamó que se mantengan los precios del curso anterior.

El sindicato señaló que cuando la inflación baja y la Administración sólo habla de austeridad, a la Consellería de Educación se le ocurre subir los precios de un servicio público como los comedores en un 15,38%.

Denunció además que los usuarios, beneficiarios o no de la reducción de precios, tienen que pagar el servicio por adelantado en los últimos cinco días del mes anterior, debiendo ''adivinar'', dijo la central, cuántos días del mes siguiente utilizarán el comedor. Además, las respuestas que reciben los padres son ''dispares'', ya que afirma el sindicato que en ocasiones se les informó de que tendrían que pagar por todo el mes escolar, sin que en ningún sitio se establezca un mecanismo para la devolución del dinero por servicios no prestados.

Problemas con los pagos
Además, aseguró CIG-Ensino que cuando los padres acuden a entidades bancarias, comprueban que en la mayoría de ellas no aceptan el pago, entre otras razones por la propia comunicación de Educación a los centros el pasado 28 de septiembre de que, a la vista de las disfunciones que se vienen produciendo, la Consellería de Facenda, por motivos de índole técnica, no garantiza la aceptación de reservas por parte de bancos y cajas colaboradores, ni tampoco la fiabilidad de los enlaces web para su pago telemático.

Por todo ello, el sindicato pidió soluciones que, a su juicio, pasan por mantener los precios del curso anterior, pagar únicamente por los días que se utilice el comedor, retirar la obligatoriedad de pago por adelantado y liberar al profesorado de todo el trabajo administrativo que lleva aparejado el referido servicio.