En treinta años de democracia el marco educativo español estuvo regulado por un sinfín de normativas distintas. Lo que ahora es 4º de ESO fue en algún momento 2º de BUP y lo que antes eran protestas contra la LOGSE más tarde lo fueron contra la LOE.

La causa de este continuo baile de siglas parece estar en la fijación de los partidos políticos en aplicar, sí o sí, su modelo educativo. Así, cada Gobierno entrante parece tomar posesión con una nueva receta en materia de enseñanza bajo el brazo que, además, no cuenta nunca con el apoyo de la oposición.

Así, sin contar la enseñanza universitaria, un total de ocho leyes, todas ellas sin consenso absoluto, han ido modificando a lo largo de la democracia el panorama educativo, correspondiendo las dos más significativas al PSOE, primero con la LOGSE de Felipe González y luego con la LOE de Zapatero.

Ahora, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo propone una nueva modificación: dos itinerarios, uno encaminado a la Formación Profesional y otro al Bachillerato. Además, puso sobre la mesa la posibilidad de que los cambios educativos lexislativos requieran dos tecios de apoyo parlamentario, con el propósito de garantizar que se hagan con el acuerdo, como mínimo, de los dos grandes partidos políticos.

De tardofranquismo hasta Felipe
Durante la democracia, la más larga de las normativas que reguló el sistema educativo fue la Ley General de Educación (LGE), nacida aún en las postrimerías del franquismo y que tendría vigencia hasta la progresiva implantación de la LOGSE que comenzó en el curso 1992/1993. Nació en 1970 en un intento por equiparar la anquilosada enseñanza de España con el del resto de Europa, y su principal novedad fue la inclusión de la Formación Profesional.

De ella brota la Enseñanza General Básica (EGB), que en sus ocho cursos comprendía la formación escolar hasta los 14 años. En ese momento, los estudiantes deberían elegir entre dos caminos, el del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) o el de la recién creada FP1. Para acceder a los estudios universitarios estipulaba un nuevo escalón, el Curso de Orientación Universitaria (COU), que tras los tres años de BUP, conducía a las puertas de la facultad.

Las primeras desavenencias entre partidos políticos en materia de educación surgen en el mismo momento de abordar su tratamiento en la Constitución de 1978. No obstante, y como último precedente en la era democrática, los partidos limaron sus diferencias ideológicas de forma consensuada y vio la luz el artículo 27 de la Carta Magna.

Desde entonces y hasta que el PSOE se decidió a aprobar la LOGSE en 1990 se promulgaron otras normativas menores. En 1980, la UCD impulsó la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que introdujo la organización democrática de los centros y las APAs. Ya con el PSOE en el Gobierno, se aprobó en 1985 la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que trajo como principal novedad la financiación de la escuela concertada y la creación de los consejos escolares que sustituían a los antiguos claustros.

Con ella se abrió el camino de las grandes protestas por las reformas educativas, ya que durante su desarrollo hubo tres grandes manifestaciones en Madrid.

La gran reforma de la LOGSE
La nueva Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) fue parida en 1990 durante el tercer Gobierno socialista. No necesitó ningún apoyo parlamentario para aprobarla ya que, a pesar de no tener mayoría absoluta por escaños, la tenía de facto por la ausencia de los diputados de Herri Batasuna durante la legislatura.

Con ella se extiende la educación obligatoria a los 16 años y se estructura la enseñanza en seis cursos de Educación Primaria, cuatro de Educación Secundaria Obligatoria y dos cursos de Bachillerato, antesala de la Universidad. Además, desaparece COU, se modifican las formaciones profesionales y se descentraliza el sistema educativo, aumentando las competencias de las Comunidades Autónomas.

Uno de los principales puntos de controversia, que aún colea en la actualidad, fue la reducción de las horas de Religión. Además, Ética se ofertó como alternativa a esta asignatura, aunque ninguna de las dos tenían repercusión en la nota.

Más tarde, en 1995, una nueva modificación de la normativa, que tampoco tuvo consenso, fue aprobada por el Consejo de Ministros. En este caso, se trataba de la Ley Órganica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), que soliviantó los ánimos de asociaciones de profesores y estudiantes.

La LOCE y la LOE, una no, otra si
Con Pilar del Castillo como cabeza visible del gabinete de Educación, el PP promulgó en 2002 la Ley Órganica de Calidad de la Educación (LOCE), que nunca llegó a aplicarse tras la llegada a la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente fue derogada en 2006, volviendo al anterior sistema promulgado por los socialistas hasta la aprobación, ese mismo año, de la Ley Orgánica de Educación.

Una vez más es un Gobierno socialista el que acomete una reforma educativa y una vez más sin obtener un consenso mayoritario. El PP votó en contra de la nueva normativa, mientras que Izquierda Unida, el BNG, la Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai lo hicieron en blanco. La polémica con esta ley llegó de la mano de una nueva materia: Educación para la Ciudadanía, fuertemente criticada desde la oposición.

Con el gran pacto educativo que pretende el Gobierno de Zapatero sería necesario el apoyo de dos tercios de la Cámara, como si sucede en la mayoría de los países europeos, para acometer una reforma educativa. De esta forma, el vaivén de leyes promovidas bajo la bandera de la mayoría absoluta podría desaparecer después de más de treinta años marcados por un confuso y continuo baile de siglas.