Trece municipios españoles aspiran a albergar el controvertido Almacén Temporal Centralizado (ATC), un cementerio nuclear que llevará aparejada una importante inversión en empleo y en euros. De todos los aspirantes, el más cercano a Galicia es el ayuntamiento vallisoletano de Santervás de Campos, un minúsculo pueblo de 137 vecinos. Pero aunque la comunidad permanezca ajena a esta polémica, algunos concellos gallegos sí saben lo que es tener en su territorio instalaciones que otros no querrían ver ni en pintura.

El caso más paradigmático es el de Cerceda. El despegue industrial de este municipio coruñés arrancó con la construcción de la central térmica de Meirama y se prolongó con la planta de tratamiento de residuos de Sogama. Pese al rechazo inicial de algunos vecinos a la puesta en marcha de los dos complejos, el tiempo pasa y Cerceda presume de tener un desempleo inferior al 5 por ciento. Mientras el rural gallego queda abandonado a su suerte, su padrón municipal se mantuvo estable. Una auténtica excepción en el panorama demográfico gallego.

Y es que la repercusión económica de las dos industrias en las arcas municipales es incuestionable. Según las cifras que aporta el alcalde cercedense, José García Liñares, la central de Meirama paga unos 480.000 euros en concepto de Impuesto de Actividades Económicas (Iae). Y la presencia de Sogama supone otro millón de euros a las cuentas locales.

Todos esos ingresos extra explican que Cerceda cuente con televisión municipal, pistas de pádel o un parque acuático envidiado en toda Galicia, pese a rondar los 5.500 habitantes. Su presupuesto roza los 23 millones de euros, frente a los 60 millones de una ciudad como Ferrol. Firme defensor de la valorización de residuos, García Liñares no duda en reclamar que la ampliación de Sogama se realice también en Cerceda.

En As Pontes
Con algunos matices, la trayectoria histórica del concello de Cerceda se parece bastante a la de As Pontes, también en A Coruña. Se trata del mayor centro productor de electricidad de toda España. En su territorio no sólo se ubica la central térmica más importante del Estado, sino también centros de producción hidroeléctrica, parques eólicos, ciclos combinados y contará con una planta de biomasa. Y todo ello se traduce en euros.

El alcalde pontés, Valentín González Formoso, también es un firme defensor de la implantación de nuevas industrias en su concello. De hecho, en 2008 el regidor apoyó con decisión el frustrado traslado de la factoría de Ence. ''Creemos que As Pontes tiene las condiciones idóneas para ella'', aseguraba Formoso en este periódico. El compromiso sigue siendo firme: cuando Ence se marche de Pontevedra --como muy tarde, en 2018--, este municipio coruñés quiere aspirar a tener esta factoría.

En el caso de As Pontes, la instalación de la celulosa supondría un importante revulsivo para un municipio que está notando el cierre de su gran pulmón, la inmensa mina de lignito. Su hueco está siendo rellenado con agua, lo que lo convertirá en el lago artificial más grande de España.

Cárceles
Los concellos de A Lama, Curtis, Monterroso, Pereiro de Aguiar y Outeiro de Rei sólo tienen en común que todos ellos albergan centros penitenciarios. Más allá de las innegables connotaciones negativas que tienen este tipo de instalaciones, algunos alcaldes sí le ven una parte positiva. ''Estamos encantados con la cárcel; si hubiese que construír otra, nosotros aceptaríamos'', asegura con rotundidad el alcalde de Monterroso, Antonio Gato.

El regidor lucense admite que algunos colegas ponen más pegas que otros. Pero insiste en la repercusión positiva de contar con una cárcel. Gato recuerda que ''hay funcionarios que se casan aquí, otros compran pisos y casi todos consumen en nuestros establecimientos''. Más críticos son los alcaldes del PP. El de A Lama, Jorge Canda, lleva años pidiendo un transporte público que permita acudir a la prisión a los familiares.

Pese a sus diferencias, los cinco regidores sí vienen reclamando un cambio en la ley de haciendas locales que obligue a tributar a los centros penitenciarios. Al igual que otros edificios públicos --como hospitales o colegios--, las prisiones son bienes inmuebles que no tributan, lo que les permite librarse de pagar impuestos como el Ibi. Algo que los alcaldes ven injusto, ya que los municipios sí cargan con los servicios vinculados a ese incremento de la población.

Más allá del ámbito de los pequeños concellos, algunas ciudades gallegas también cuentan con industrias cuya presencia genera cierta controversia. Es el caso de la propia Ence en Pontevedra o de la refinería de Meicende, situada en Arteixo pero muy próxima a A Coruña. Dos gigantes al lado de los 137 habitantes de Santervás de Campos, lo más cerca que podría estar Galicia del polémico cementerio nuclear.

De Xove a Peque
Galicia permanece al margen del debate sobre la elección del ayuntamiento que albergará el cementerio de residuos nucleares propuesto por el Gobierno central, pero sí estuvo cerca de acoger una central nuclear en los primeros años de la democracia. El lugar elegido era Xove. Pero la reacción popular obligó a dar marcha atrás al proyecto, que quedó finiquitado en 1984.

El susto nuclear sólo regresó a Galicia en el verano de 2006, cuando el municipio zamorano de Peque (próximo a la comunidad) se postuló como posible emplazamiento del cementerio de residuos. Acabó renunciando.