Los trabajadores de las instalaciones deportivas públicas concesionadas se han manifestado esta mañana en Santiago ante la Dirección Xeral para o Deporte en San Lázaro. El personal de estas instalaciones está en huelga desde el pasado día 1 de febrero para reclamar la negociación de un convenio colectivo de ámbito gallego que mejore sus ''precarias'' condiciones laborales, especialmente en lo relativo a su nivel salarial.

Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG) denuncian que la mayoría de los trabajadores de las instalaciones deportivas tienen una media salarial de ''700 y pico euros'', con lo que sus principales aspiraciones son llegar al ''estatus de mileurista en el año 2013''. Según informaciones de la CIG, el conflicto laboral afecta en Galicia a unos 2.000 trabajadores.

La manifestación, convocada por CIG, CCOO y UGT ha conseguido reunirse con el Secretario Xeral para o Deporte y arrancarle el compromiso de hacer gestiones con la Xunta y el Estado.

Concentración en Lugo
Al mismo tiempo, en Lugo, más de medio centenar de trabajadores de instalaciones deportivas, fundamentalmente de las piscinas municipales, se concentraron ante el Ayuntamiento –en la Praza Maior de la ciudad-.

Carmen Antas, de la Federación de Servizos Públicos de la CIG, confirmó que este sindicato presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo contra el Ayuntamiento de Lugo, por conculcar el ''derecho a la huelga'' de los trabajadores de la piscina municipal de As Pedreiras.

Según Carmen Antas, miembro de la Executiva Nacional del sindicato, el Gobierno local autorizó la apertura de estas instalaciones para que se disputase el sábado un campeonato de natación organizado por ''un club privado'', a pesar de que el recinto estaba cerrado por las movilizaciones del personal que se ocupa de su mantenimiento.

Antas recordó que la piscina de As Pedreiras está cerrada desde el pasado 2 de febrero, cuando los trabajadores de estas instalaciones se sumaron a la huelga convocada en toda Galicia para presionar a la patronal de cara a la negociación de un convenio colectivo. Sin embargo, el Gobierno local de Lugo autorizó la celebración de esa prueba deportiva y vulneró ''los derechos'' de la plantilla.