El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, interpuso el pasado 9 de febrero contra la Lei de Caixas al entender que invadía competencias, motivo por el cual queda suspendida dicha normativa.

En una providencia notificada este jueves, el Constitucional anuncia que tramitará la impugnación de los servicios jurídicos del Estado contra los artículos 2, apartados tres, cinco, siete, diez, once, trece y quince; contra los apartados cuatro y cinco del artículo 3, así como contra la disposición transitoria primera de la Lai de Caixas aprobada por el Parlamento de Galicia a finales de 2009.

Además, la providencia recuerda que, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución Española, la impugnación de una norma autonómica por parte del Gobierno supone la suspensión automática de ésta, cuando el TC admite a trámite el recurso. Dicha suspensión afecta sólo en lo que se refiere a los artículos recurridos y el Constitucional deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Dicha suspensión afecta sólo a los artículos recurridos y el Constitucional deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. La admisión del recurso llega justo un día después de que el Gobierno y la Xunta de Galicia, tras tres encuentros para intentar llegar a un acuerdo sobre la norma autonómica, hayan decidido reunirse el próximo martes para seguir debatiendo sobre la constitucionalidad de la normativa.

Invasión de competencias
Según explicó este miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el recurso tiene su origen en la necesidad de ''garantizar la solvencia'' del sistema financiero y eso ''no es ni político ni antipolítico, es de sentido común'', dijo. Mientras, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba hace unos días que el Ejecutivo cree que la norma gallega va ''más allá'' de las competencias de la competencia autonómica en materia de solvencia y naturaleza de las Cajas --en alusión a Caixa Galicia y Caixanova-- como entidades de crédito.

Además, el Gobierno cree que ''la ley no se ajusta'' a la legislación básica estatal de cajas de ahorros, la LORCA --sobre la que deben regirse las normas regionales-- en cuanto a la regulación de los órganos de representación en esas entidades.

Sin embargo, desde la Xunta de Galicia han defendido desde un primer momento la constitucionalidad de la norma y sostienen que los artículos cuestionados se podrían matizar o ''acompasar'' a los de otras legislaciones autonómicas con el fin de resolver las dudas que sobre ellos existen. Por ello, en los dos últimos días, los consejeros gallegos de Presidencia, Alfonso Rueda, y de Hacienda, Marta Fernández Currás, han mantenido las citadas reuniones con representantes del Gobierno para solventar las ''diferencias de interpretación''.

En busca de un acuerdo
Unas diferencias que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, consideró este miércoles se disiparán en cuanto se cambie la redacción de los artículos, en lo que seguirán trabajando estos días, aunque sea de forma telefónica, para conseguir cerrar un acuerdo. En cuanto la norma se adapte a la Constitución, y el Parlamento gallego apruebe las modificaciones, inmediatamente el Gobierno retirará el recurso, según prometió el secretario de Estado.

En Galicia, los principales partidos interpretan que con la presentación del recurso, el Gobierno buscaba impedir la creación de una gran caja gallega fruto de la fusión entre las dos existentes, pero Zarrías ha pedido que no se tiña de tintes políticos la decisión.