La posibilidad de que el Gobierno central retire el recurso contra la ley de cajas de Galicia y se levante así la suspensión por cinco meses de la aplicación del articulado impugnado parece cada vez más remota. El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, contestó el lunes a la propuesta enviada el viernes por los conselleiros de Presidencia, Alfonso Rueda, y de Facenda, Marta Fernández Currás, un documento en el que el Ejecutivo gallego ofrecía modificar la redacción de tres de los cinco puntos en conflicto y un acuerdo interpretativo para los otros dos.

Para ''sorpresa'' de la Xunta, el secretario general vuelve a exigir una nueva oferta, al considerar que el Ejecutivo gallego se limitó a ''reiterar el resumen del balance de las conversaciones'' mantenidas en las pasadas semanas. En su misiva, Zarrías incide en que sólo se registran ''tenues y tímidos avances'' respecto a dos puntos, unos artículos que, según explicaron fuentes de Facenda, ''ni siquiera se especifican''.

Y es que el Gobierno central considera que ''no se resuelven'' las dudas sometidas al dictamen del Tribunal Constitucional. Fuentes del ministerio explicaron que para lograr un acuerdo ''definitivo'' Moncloa exige resolver ''todas'' las discrepancias planteadas, entre ellas la de la mayoría necesaria para aprobar una fusión y el del porcentaje de renovación de los órganos de dirección de las entidades de ahorros. Frente a la postura de la Xunta, el ministerio incide en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid accedió en su día a ''modificar'' los aspectos conflictivos de su normativa, por lo que el secretario de Estado queda a la espera ''de una nueva respuesta''. La oferta de San Caetano sabe a poco al ministerio que demandó a la Xunta que asumiese la redacción de la ley andaluza para alcanzar un acuerdo. En este momento, Madrid no ve ''una modificación sustancial'' de la posición defendida por los conselleiros.

Discrepancias con Rueda
Por otra parte, el responsable de Cooperación Territorial se dirige al titular de Presidencia en su misiva para mostrarle su ''sorpresa'' por las afirmaciones realizadas en la carta que Alfonso Rueda le remitió la pasada semana pidiendo la vuelta a la negociación, después de que Zarrías suspendiese el diálogo el 25 de febrero. Fuentes del ministerio que dirige Manuel Chaves afirmaron que Zarrías apeló a la ''lealtad institucional para resolver las discrepancias jurídicas'', censurando las alusiones del conselleiro al ''bloqueo'' de la negociación por parte de Moncloa; así como a ''una supuesta propuesta que tendría que remitir el ministerio'' a la Xunta y a la ''negativa'' de Moncloa a volver a reunirse con el Gobierno gallego. ''Eres consciente de que estas valoraciones no responden a la realidad'', sostiene Zarrías en la carta dirigida a Rueda.

Pese a que el departamento del Ejecutivo central dice mantener ''la voluntad de diálogo'' fuentes de Presidencia y de Facenda coincidieron al acusar al secretario de ''incumplir sus compromisos'', puesto que éste supeditó la vuelta a la negociación a que la Xunta enviase una propuesta.

Con todo, Galicia no renuncia aún a la posibilidad de lograr un acuerdo. En un foro celebrado en Pontevedra, el mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, ratificó su apuesta por el ''diálogo'' y por volver a sentarse ''en la mesa de negociación'', de la que —recordó— ''se levantó'' Moncloa. Tras resaltar su ''disposición'' a someter al Constitucional la norma aprobada por los dos tercios dela Cámara, se negó a condicionarla a ''los intereses de algunos cargos andaluces'' del Gobierno central, en alusión a Zarrías. Así, tachó de ''irresponsabilidad'' y de ''gesto excesivamente chusco'' el hecho de que se pida ahora a Galicia que retrase de dos a hasta 15 meses la renovación de los órganos de las cajas, aproximándose a la ley andaluza.

Defensa de la norma
Paralelamente, el Parlamento de Galicia prepara su contestación al recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno central en contra de once preceptos de la ley de cajas gallega. Así lo confirmaron fuentes de la Cámara gallega que indicaron que se trata de un procedimiento habitual en estos casos, al tiempo que explicaron que la Mesa de la Cámara autorizó a los letrados a redactar la contestación a la impugnación. Los servicios jurídicos —que validaron la adecuación del texto al marco legal estatal antes de su aprobación en el pleno el pasado 29 de diciembre con los votos a favor de PPdeG y BNG— tratarán ahora de tirar por tierra los argumentos de Moncloa ''defendiendo la constitucionalidad del texto''.

Conscientes de que el plazo de 15 días que otorgó el alto tribunal tras la admisión a trámite del recurso el pasado 18 de febrero expira esta semana, la Consellería de Facenda también se personará en la causa, por lo que los letrados de la Xunta ultiman su respuesta al recurso.