El Ministerio de Interior ha enviado a su país de origen, Nigeria, a una mujer de 25 años embarazada y víctima de la explotación sexual a su llegada a España en el 2006. Según denuncia la Red Española contra la Trata de Personas, la justicia española negó a la joven, que está amenazada de muerte en el país africano, el periodo de reflexión que contempla la Ley de Extranjería, 30 días que sirven para que una persona en su situación, --explotada, amenazada y sin documentación-- decida denunciar a sus explotadores.

Según la ONG, Interior expulsó a la mujer este miércoles de madrugada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche con mediación de la Delegación del Gobierno en Madrid, desoyendo al hacerlo dos peticiones de la Oficina del Defensor del Pueblo. Fuentes de la oficina dependiente del Ejecutivo español se defienden argumentando que no tenían más opción. 

Sin embargo, Viviana Waisman, la directora ejecutiva de Women's Link --organización integrada en la Red-- ve las cosas de otro modo. En su opinión, a esta mujer no se le han concedido ni su condición de víctima de trata ni su estado de embarazo --tras ser sometida a la explotación sexual--, por lo que la decisión del Estado constituye "una flagrante violación delos derechos humanos".

Las lagunas de la Ley de Extranjería
El artículo 59 bis de la Ley de Extranjería indica que cuando se estima que existen "motivos razonables" para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, la autoridad competente resolverá la propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión.

Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, treinta días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal.

Durante este período, prosigue el artículo, se le autorizará la estancia temporal y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el citado período las Administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la persona interesada.

La Red Española contra la Trata de Personas subraya que el Estado "incumple" con su deber de proteger a las víctimas de trata, a las que, a su juicio, "se les está negando el periodo de reflexión porque el procedimiento carece de desarrollo reglamentario y las autoridades no saben cómo actuar".