La Confederación Intersindical Gallega hizo una invitación expresa a CCOO y UGT para que reconsideren su posición y se sumen a la convocatoria de huelga general porque "es el momento y es necesario para que no se resuelva esta crisis en contra de la mayoría social". La CIG entiende, de este modo, que es responsabilidad de los sindicatos dar una respuesta clara y contundente, dado el alcance y gravedad de las medidas que está adoptando el gobierno español.

Desde el sindicato nacionalista aseguran que “habría que estar preparando esa convocatoria y no discutiendo en las mesas de diálogo social si se incrementa más o menos la indemnización por despido".

Ramiro Oubiña, secretario confederal de Finanzas, alerta de que las medidas de recorte de los salarios de los empleados públicos son sólo un primer paso. Denunció que se presenta a estos trabajadores como si fuesen unos privilegiados por tener un trabajo fijo, "cuando esa es la aspiración de todo trabajador" y advirtió de que hay una importante masa de trabajadores públicos con salarios base de alrededor de 500 euros, por debajo mismo del salario mínimo interprofesional.

"El eslabón más débil"
Por su parte, María Carme López Santamariña, secretaria nacional de la CIG-Administración, denunció que con estas prácticas se rompen todas las normas existentes y el ámbito de negociación en la administración pública y que "se optó por atacar el eslabón más débil de la cadena" porque es la medida más fácil al aplicar directamente a través de los presupuestos del Estado.

López Santamariña explicó que una parte del recorte salarial irá para la administración del estado y la otra para la administración autonómica y preguntó que se va a hacer con ese dinero, porque "se sabe de donde sale pero no a donde va a parar".  Propuso que, en lugar de estas medidas se recorten los gastos en propaganda, en defensa del decreto del plurilinguismo o que se retiren o reorganicen las jefaturas territoriales y sus gabinete de asesores provinciales.

Trabajadores de empresas privadas equiparadas
El secretario confederal de Finanzas, Ramiro Oubiña, explicó también las consecuencias que tendrá el recorte salarial que se aplica a los empleados públicos en las empresas privadas que prestan servicio para las distintas administraciones y que tienen sus salarios equilibrados. Como ejemplo, puso los servicios de limpieza de las áreas sanitarias, de los concellos o de otras administraciones. "Estos trabajadores podrían sufrir ya recorte en sus últimas nóminas a partir de junio". Por eso, no se puede pensar que estamos unicamente ante un problema que afecta a la empresa pública, sino también a la privada", aseguró Oubiña.

Otras fórmulas de ahorro
Ante esta situación la CIG apuesta por un cambio de modelo y por reformas de carácter estructural profundas. Sin embargo, entiende que también hay reformas que se podrían poner en marcha dentro del propio sistema. Para corregir el déficit público propone introducir fórmulas de ahorro eliminando el plus de altos cargos, la doble estructura de la administración, reformular las diputaciones, eliminar las subdelegaciones de gobierno o los chiringuitos, entre otros.

Para incrementar la recaudación, propone abordar una reforma fiscal para que se incrementen en el IRPF (el único impuesto que garantiza la progresividad del sistema en función de los ingresos) los tipos impositivos para las rentas más altas, la banca, los salarios directivos, etc.

Junto a esto, apuesta por la creación de una banca pública y la nacionalización de una parte importante de un sector estratégico como es el energético. "En lugar de eso, el PSOE prefirió garantizar el sistema beneficiando a los responsables de la crisis: el capital especulativo y las entidades financieras". En todo caso, Oubiña recordó que "medidas paracidas ya las han adoptado desde el PP cuando gobernaban".