Los grupos políticos de PP y BNG expresaron ya su rechazo al recurso aprobado por el Consejo de Ministros contra el catálogo priorizado de medicamentos de Galicia. Con todo, mientras el PP lo calificó de "muy mala noticia", el BNG aprovechó para criticar que la "mala gestión de la propia Consellería de Sanidade" está generando problemas en la implantación del sistema. Por su parte, el PSdeG celebró el recurso por entender que garantiza "que los gallegos tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos".

El portavoz de sanidad del grupo popular, Miguel Santalices, no ve "razonable" que "la primera medida de la ministra Pajín sea ir en contra del Parlamento de Galicia, en contra do Goberno de Galicia e da sanidade pública dos galegos", y defendió que el catálogo es "legal".

El diputado del PPdeG lamenta que el Gobierno central haya entendido la iniciativa autonómica "como un pulso al Ministerio en lugar de como un pulso a la sostenibilidad del sistema, que es lo que es", y proclamó que el catálogo se está aplicando con normalidad, permitiendo "un ahorro de 300.000 euros al día manteniendo las mismas coberturas".

Por su parte, la diputada del BNG Ana Luisa Bouza recordó que la formación nacionalista ya se posicionó contra el recurso, aunque añadió que la formación frentista "no aceptará que Núñez Feijóo utilice este recurso para justificar su política sanitaria de recortes y privatización". Además, criticó la gestión de la Xunta y le atribuyó los problemas de aplicación, "al que hay que sumar la falta de negociación con las farmacias y la ausencia de información a usuarios y facultativos".

Finalmente, la postura del PSdeG es radicalmente opuesta. El secretario de Sanidade del PSdeG, Miguel Ángel Fernández, valoró la decisión estatal y apuntó que "la reducción de derechos no puede justificarse bajo ningún concepto". Según indicó, el catálogo reduce para los gallegos el acceso a 427 medicamentos con respecto al resto del Estado.

Por su parte, el portavoz de Sanidade del grupo parlamentario del PSdeG, Modesto Pose, señaló que la Xunta debe "recular, si le queda algo de responsabilidad, y actuar en el ámbito de la prescripción por principio activo". Además, recordó que las comunidades autónomas "solo pueden incrementar derechos, no pueden reducir prestaciones" respecto al conjunto estatal.