Dos días después de la polémica sentencia contra Educación para la Ciudadanía, el Gobierno de Madrid ha anunciado que aceptará las objeciones de conciencia a la asignatura.
El Ejecutivo que preside la popular Esperanza Aguirre aplicará a los padres que lo soliciten el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoce el derecho a objetar de unos progenitores por primera vez en España.
En Madrid la asignatura empezará a impartirse a partir del próximo curso 2008-2009, y estará en el temario de 2º y 4º de ESO. La consejera de Educación, Lucía Figar, ha dicho que espera recibir "una auténtica avalancha de objeciones". Los niños que lo soliciten quedarán exentos de cursar la materia y de ser evaluados.
Figar se ha reunido este jueves con las asociaciones conservadoras que, como el Gobierno de Madrid, han mostrado su tajante oposición a Educación para la Ciudadanía desde que el Ejecutivo central le dio luz verde. Así, han estado presentes, entre otros, los representantes del Foro de la Familia, Profesionales por la Ética, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) o la Fundación San Pablo CEU.
En total, seis organizaciones que son las principales promotoras de la objeción de conciencia, las que "se hacen cargo de la defensa de los derechos de padres y familias", a juicio de la consejera.
La titular de Educación ha indicado que los alumnos que objeten recibirán una formación alternativa o, en todo caso, "la adecuada atención educativa" durante el horario de la asignatura. Y ha matizado que tal atención podría consistir en "hacer trabajos" o permanecer en la biblioteca, pero serán los propios centros los encargados de decidir las actividades.
Objeciones 'en bloque'
"No es lo mismo un centro en el que hay objeciones en bloque, que las hemos recibido, que un centro en que hay menor número de objeciones de alumnos por clase". Así, la atención que reciban en el horario de las clases de Educación para la Ciudadanía "variará de centro a centro, según el número de objeciones", ha puntualizado la consejera.
"Son cinco centros que han objetado en bloque", ha recalcado Figar, quien ha agregado que desde comienzos de año se han recibido 1.113 objeciones a esta asignatura en la Consejería de Educación.
Pendiente de que se pronuncie el Tribunal Supremo, después de que recurra la Junta de Andalucía las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "nosotros vamos a hacer una lectura de la ley siempre lo más favorable posible de cara a los derechos de los padres y madres que llevan a sus hijos a centros educativos en la Comunidad de Madrid", ha insistido.
En Andalucía, otros 433 alumnos han objetado ante la Junta, que ha rechazado todos los recursos.
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