La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) las 'Normas do Hábitat Galego' diseñadas por la Consellería de Vivenda, por considerar que éstas invaden competencias municipales.
La "inminente entrada en vigor del decreto sobre habitabilidad", que está prevista para el próximo 17 de abril, motivó esta iniciativa, para la cual la comisión ejecutiva de la Fegamp -con los votos favorables de PSOE y PP, pero no con los del BNG- otorgó facultades a su presidente para interponer la demanda.
Comparten objetivos, pero no formas
En todo caso, la asociación asegura, en un comunicado, que intentaron aproximar posiciones con la Consellería, y que comparten el objetivo global de mejorar el diseño, calidad y funcionalidad de las viviendas, aunque no a costa de la autonomía local, que creen vulnerada por la normativa.
Las manifestaciones de la Fegamp en este sentido son similares a las declaraciones que realizó el pasado mes de febrero su presidente, Carlos Fernández, sobre el anteproyecto de la Ley de Vivenda, al que acusaban de "chocar" con los planes urbanísticos municipales. Posteriormente, Xunta y Fegamp iniciaron una negociación para conseguir "pulir" los artículos con los que estaban disconformes.
Paralización de los PXOM
Las 'Normas do Hábitat Galego' afectan, según la Federación, a los planes urbanísticos que se encuentran en fase de redacción, lo que provocará "un incremento en sus plazos de aprobación, del que se deriva la paralización de los ayuntamientos en este ámbito", aseguran.
También creen que su entrada en vigor supondrá la "derogación de buena parte de la normativa de edificación" de los PXOM actuales, lo que derivará en muchos "casos de excepcionalidad" que la Xunta deberá atender asumiendo competencias que no tiene regladas.
Por otro lado, la Fegamp critica que además de "desplazar e invadir" atribuciones en materia de ordenación urbanística que corresponden a los ayuntamientos, la administración autonómica delega en los municipios las tareas de inspección, lo que supondrá un "coste adicional" a los municipios, que no cuentan con un apoyo financiero en esta línea.
11/04/2008