Cuando se han cumplido algo más de cinco años del asesinato del cámara gallego José Couso en Bagdad, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este lunes el archivo de la causa abierta contra los tres militares estadounidenses responsables del disparo que acabó con su vida.
Esa es la postura que ha defendido el fiscal Jesús Alonso durante la vista celebrada ante la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal sobre el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar por asesinato a los tres militares, decisión adoptada hace casi un año, el 27 de abril de 2007.
Mientras, la familia continúa su batalla para aclarar los hechos, y acusa al Ministerio Público de ignorar la sentencia del Tribunal Supremo. Dicho fallo ordenó investigar la muerte del cámara y estableció la competencia de la Justicia española para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España.
'No hubo intención'
Según han informado fuentes fiscales, Alonso ha explicado que la actitud del sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford, no fue indiscriminada ni existió intencionalidad en su conducta.
Por ello, y aunque las mismas fuentes han señalado que dicha actitud podría tener "algún reproche penal", el fiscal ha considerado que "no se dan" los delitos de asesinato con alevosía y contra la comunidad internacional.
Por su parte, el abogado de la madre y los hermanos de Couso, Enrique de Santiago, ha sostenido que la Fiscalía "rehuye desesperadamente" de aplicar la sentencia del Tribunal Supremo. El hermano del cámara de televisión, Javier Couso, ha manifestado a los periodistas que la actitud del fiscal no responde a hechos jurídicas sino a "motivos espurios" para intentar archivar la causa.
Según han informado fuentes jurídicas, previsiblemente el tribunal adoptará una decisión aproximadamente en una semana, una resolución en la que el presidente de la sección segunda no participará a pesar de que la sala de lo penal rechazó la recusación que planteó contra él la familia de Couso, que quería excluirlo porque había solicitado que el procedimiento se archivara.
Lucha sin tregua
En mayo de 2003, un mes después del ataque, la familia de Couso presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra los "autores, cómplices y cooperadores necesarios" del fallecimiento del cámara, calificado como crimen de guerra.
Su querella fue admitida a trámite el 17 de octubre de 2003, pese a la oposición de la Fiscalía.
Los allegados del cámara requirieron el interrogatorio de los tres soldados estadounidenses imputados por la muerte, el sargento Thomas Gibson; el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, responsable del Regimiento, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó la petición de Pedraz.
La Fiscalía habla de 'acto de guerra'
Entonces el propio Pedraz ordenó la busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, de los tres militares.
Sin embargo, el 19 de octubre de 2005, su decisión quedó sin efecto después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acordara el pasado 10 de marzo archivar la causa al considerar que se trató de un "acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado" y que España no era competente para juzgar a los militares norteamericanos.
Gibson fue el soldado que disparó contra el hotel Palestina tras advertir que alguien les observaba desde allí con unos prismáticos. "No disparé inmediatamente sobre él. Llamé a mis jefes y les dije lo que había visto. Me dijeron que disparara y eso hice".
Su inmediato superior, el capitán Wolford, fue quien autorizó el ataque, mientras que la persona que ordenó disparar contra el hotel fue el teniente coronel De Camp, según reconoció él mismo en una entrevista. "Lamento decirlo, pero soy el tipo que mató a los periodistas", dijo.
Finalmente, Pedraz ha podido reactivar, vía Interpol, las órdenes internacionales de detención después de que el Tribunal Supremo estimara por unanimidad el recurso interpuesto por la familia del periodista contra la decisión de la Audiencia Nacional.
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