"ESPAÑA ES un país sin contrato social". El que estaba vigente desde el inicio de este período democrático se rompió: 1) con la pérdida de confianza en la economía de mercado, 2) con la pérdida de confianza en el Estado de bienestar y 3) con la entrada en crisis de la dimensión política de ese contrato que supuso la distribución territorial del Estado de las autonomías. La tesis es del profesor Antón Costas. El caldo social y político que lleva a esas conclusiones lo detecta un observador algo atento y lo viven la mayoría de los ciudadanos. Frente a esta situación de devaluación de los salarios, falta de horizonte de esperanza para los jóvenes que intentan acceder al mercado laboral, pérdidas y temores —como el sistema de pensiones— en el presente y futuro del Estado de bienestar, la posición personal en este escenario que perdió todas las seguridades es de "desconcierto", en calificación del profesor vigués. Desconcierto por la profundidad de la crisis, por el resurgimiento de las desigualdades, que en su causalidad político-ideológico, o de comodidad por adoptar el discurso dominante, se pretenden legitimar con razones-causas económicas como la insostenibilidad, y por unas reformas sociales "inequitativas". Y todo ello, dentro de un caos político que se refleja en la situación catalana o en la imposibilidad de dar respuesta concordada a la demanda de reforma constitucional como consecuencia del descalabro del sistema de partidos que dio la estabilidad en los últimos cuarenta años. El 15-M no ha muerto en lo que tiene de demanda de respuesta política al terremoto económico-social que se hizo visible con la crisis de 2008, pero que ya venía desde finales de los ochenta con la frívola generalización, y sin correcciones, de las políticas económicas del tatcherismo. Sin un nuevo contrato social, también en la concepción de la realidad española, el campo queda libre para mesías y populistas.
