OJO CON los premios, que en ocasiones los carga el diablo. Ignacio Rivera, el líder de Estrella Galicia, fue reconocido esta semana por Ernst & Young como emprendedor del año en España. La misma consultora, que hoy dirige en Galicia la exconselleira Marta Fernández Currás, otorgó en su día un título similar, el de emprendedor emergente, a José Ramón García (Santiago, 1971), fundador y presidente de Blusens. Corría el año 2008, y todo era admiración al paso del joven empresario, capaz de crear lo que hoy se entiende por una startup cuando ni sonaba tal denominación por estas latitudes.
Tecnología de consumo innovadora y rápida a precios asequibles. El lema lo decía todo: democratizar la tecnología. Demasiadas coincidencias como para no mirar a Zara cuando se hablaba del éxito de Blusens. Competir con primeras marcas y líderes mundiales, pero vendiendo más barato que ellos, y produciendo en China, era un patrón que parecía un calco al de Inditex. El aroma escondía la misma esencia, lo que llevó rápidamente a establecer una ecuación: José Ramón García podría ser a la tecnología de consumo lo que Amancio Ortega es a la moda. El año en que entró en barrena Blusens, el 2013, los números del ejecutivo más admirado entonces decían que los ingresos del grupo, ya muy internacionalizado, llegarían a los cien millones de euros para ese ejercicio. El sueño había comenzado cinco años antes, con la creación de la compañía, pero la pesadilla todavía no había llegado. Ha sido esta semana, con la detención de José Ramón García, cuando el castillo se ha acabado de derrumbar.
Detenido e interrogado por un juez de Santiago, a García le imputan presuntos delitos contra la propiedad intelectual y organización criminal tras la denuncia de una entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. En el epicentro del caso, unos receptores WebTV que permiten la posibilidad de descargar aplicaciones con las que poder conectarse a enlaces piratas de webs con películas, series y deportes. A García se le ha requisado el pasaporte y los receptores comienzan a ser retirados del mercado. Blusens habría comercializado, en síntesis, un arma de piratería masiva.
El ocaso de Blusens comenzó cuando el empresario con más olfato de España puso pies en polvorosa como accionista de referencia. Lo había demostrado antes, con Fadesa, cuando se la vendió a Martinsa y justo un año después suspendía pagos. Manuel Jove volvió a afinar con la compañía tecnológica. Controlaba un 47% del capital desde 2008 y en junio de 2013 se lo colocó de nuevo al equipo fundador, liderado por José Ramón García y su socio Miguel Silva. A finales de ese mismo mes, la filial Blusens Technology, la central de compras del grupo, presentaba concurso de acreedores con una deuda bancaria de 18,5 millones.
Al margen de los movimientos de anticipación de Jove, dignos de detallado estudio, el calvario que comenzó desde entonces Blusens no solo se dirimió en los juzgados de lo Mercantil hasta acabar con la liquidación de la central de compras. La compañía y sus ejecutivos llegaron a urdir una trama para defraudar a Hacienda mediante un sofisticado, pero a la postre muy común, sistema de fraude del IVA en carrusel, que consiste, básicamente, en crear una red de sociedades pantalla sin objetivo comercial alguno para realizar compraventas ficticias y luego deducirse esas facturas en sus declaraciones de IVA.
La Audiencia Provincial de A Coruña condenó el año pasado a Blusens como responsable civil subsidiaria de delitos cometidos por sus directivos contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil. Era la puntilla. Según el tribunal, Blusens «consciente y voluntariamente y con la finalidad de beneficiarse en sus declaraciones tributarias de IVA, intervino en un negocio de aparente puesta en circulación de mercancías que ni antes ni después de estas fechas constituyó el objeto de su empresa y en virtud del cual dedujo un IVA soportado durante 2005 y 2006». En total, la compañía está obligada a devolver un millón.
Esa no ha sido la única pirueta que ha tenido que afrontar la firma tecnológica en estos años. También otras acusaciones de plagio. Sin embargo, José Ramón García, paradigma de emprendedor total, ha sabido reinventarse en este tiempo. Lo ha hecho con mucha más discreción que antaño. Y es así cómo ha llegado a armar un grupo paralelo a Blusens, tejiendo una red de una quincena de empresas que venden a Amazon, Orange y Vodafone. A partir de la sociedad patrimonial, Visualiza Business, García ha emprendido negocios como la iluminación, la nutrición o la moda, alcanzando ventas millonarias. Ahora, está por ver si el de Blusens y su receptor ilegal ha sido un simple resbalón o el tropezón final. Un juez tiene otra vez la palabra.
La compra de la firma de origen gallego R por parte de operadora de telecomunicaciones Euskaltel para conformar la gran cablera del norte de España no ha podido resultar mejor operación para el grupo vasco. Tanto, que la compañía gallega se ha convertido en el gran generador de beneficios del consorcio presidido por Alberto García Erauzkin. Si nos atenemos a las cuentas del 2017, la operadora gallega aporta nada menos que el 68% del beneficio neto de Euskaltel. Los números son sencillos. El grupo ha ganado 49,6 millones de euros, lo que supone un 20% menos que en 2016, en gran medida por la digestión de la asturiana Telecable, que está en pérdidas. En el mismo período, R ha tenido un beneficio neto de 34 millones de euros, que han dejado un dividendo para su matriz vasca de 31 millones. Y siendo tan positivos estos resultados, en Galicia dejan un poso de melancolía, por haber perdido el control de una empresa estratégica.
Algún día alguien nos contará la verdad sobre el Ave a Galicia. De momento, nos tenemos que conformar con algunas relevaciones, como la última del Consejo de Ministros, que viene a confirmar algo que muchos sospechaban: de las obras de la conexión a Galicia no solo quedan por levantar estaciones como la intermodal de Ourense. El Gobierno ha aprobado el contrato de ejecución de obras complementarias del túnel de la conexión entre Pardonelo y Lubián. La obra asciende a 14 millones de euros, según el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Y debería ser otro ministro quien diera alguna explicación coherente a tanta improvisación, después de jurar y perjurar que la Alta Velocidad llegará a Galicia el próximo año. Ni la oposición tiene claro a estas alturas lo que queda por licitar, un secreto que Íñigo de la Serna debe guardar bajo siete llaves.
