España deberá pagar una multa cohercitiva de 10,95 millones de euros al semestre, además de otra suma de 12 millones de euros por incumplir la normativa de la Unión Europea en saneamiento de aguas en 17 aglomeraciones urbanas. Esta situación se podría extender hasta 2022, cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
De las 17 aglomeraciones urbanas afectadas por la sanción, 8 ya están en situación de cumplimiento, ha explicado Hugo Morán, que ha señalado que son las de San Pedro de Alcantara (Málaga), Noreste (en Valle de Guerra-Tenerife); Benicarló, Peñíscola (Castellón), Teulada Moraira (Rada Moraira, en Alicante), Aguiño-Carreira-Riberia (A Coruña), Santiago de Compostela y Vigo.
De las nueve que siguen en situación de incumplimiento, cuatro han sido declaradas ya de interés general y el Estado está ya trabajando en ellas; son las de Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) y Gijón este. Las cinco restantes son de competencia autonómica: Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Valle de Güimar (Tenerife) y Tarifa (Cádiz).
El secretario de Estado ha observado que además de esta sanción, España se enfrenta en la UE a otros cuatro procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración, y que uno de ellos afecta a aglomeraciones con una población de 10.000 habitantes que vierten en lugares en los que se requiere un mayor control de la contaminación. stas son las de Marín-Poio-Bueu (Pontevedra), Berga (Barcelona), y Figueres y el Terri-Banyoles (Girona).
Además, Morán se ha referido a las cerca de 2.100 "aglomeraciones" con más de 2.000 habitantes que también deberían depurar correctamente sus aguas residuales, y ha advertido que 550 están en situación de incumplimiento.
El secretario de Estado ha informado de que para hacer frente a esta situación, el Gobierno va a lanzar el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR, que incluye unas 3.500 actuaciones concretas y una inversión estimada de 10.000 millones de euros en los próximos 18 años.
Morán ha precisado que dos terceras partes de esas actuaciones corresponden a las comunidades autónomas y un tercio a la administración central y a los ayuntamientos.
LA CREDIBILIDAD DEL PAÍS, "EROSIONADA". La sanción millonaria del Tribunal Europeo "erosiona" la credibilidad del país, resta recursos que se podrían dedicar a mejorar la calidad del agua y amenaza el acceso a posibles fuentes de financiación europeas, según Hugo Morán.
El secretario de Estado ha calificado de "inadmisible" y de "desastrosa" la situación que se encontró el actual Gobierno en materia de depuración de aguas residuales y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja ahora "contra reloj" para revertirla.
Morán ha informado de que el Estado ya ha adelantado el pago de los 12 millones de euros de la multa, pero también de que el Gobierno está preparando un acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros para repercutir esa cantidad sobre las administraciones públicas que han sido responsables de los incumplimientos.
