El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de la ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, para remitirla al Congreso y que inicie su tramitación parlamentaria. La norma aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del coordinador de bienestar y protección.
La norma fue bautizada por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como Ley Rhodes por el pianista británico que sufrió abusos sexuales cuando era un niño y ha luchado por la aprobación de esta norma. Ahora, con el proyecto aprobado, Iglesias pidió "perdón" a todas las personas que han sido víctimas de violencia y abusos sexuales en la infancia, para los que "llega tarde".
"Quiero pedir perdón en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas de esta violencia execrable para los que hemos llegado tarde; ojalá sus historias sirvan para que nunca más les vuelva a suceder a otros niños y adolescentes lo que les pasó a ellos", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A partir de ahí, asumió el compromiso de intentar lograr un "amplio consenso" en el Parlamento para mejorar y aprobar la ley y confió en que "el trámite de enmiendas puede contribuir a mejorarla", incluyendo a través de los grupos parlamentarios aportaciones para completarla.
El Gobierno apela a la búsqueda del consenso en el Congreso para mejorar el texto
Precisamente, uno de los cambios que conlleva esta nueva ley es que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores, como los abusos sexuales, no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años. Actualmente, empieza a contar cuando cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. Aún así, asociaciones de víctimas de abusos lo consideran insuficiente y reclaman que el plazo empiece a contar cuando la víctima cumpla 40 años.
Además, el proyecto de ley plantea crear en todos los colegios la figura del "coordinador de bienestar y protección", una función que el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales reivindica para ellos.
La ley establece también que se deberán establecer en los centros escolares protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Víctimas de abusos en la Iglesia han lamentado que la nueva ley "silencia" sus casos pues "no menciona" la pederastia eclesial.
Por otro lado, la futura ley obligará a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad. En general, la normativa establece que se generaliza el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad aun cuando no sea delito, especialmente entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.
La norma obliga a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo grave contra un menor
Se creará un registro central de información sobre la violencia contra la infancia. Igualmente, se constituirán unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia. También se prevé una jurisdicción específica para estos delitos.
Asimismo, los centros de menores deberán fijar protocolos obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores. Esta medida iría dirigida a evitar casos como el que está investigando la Fiscalía sobre la presunta explotación sexual que sufrieron 16 menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.
La futura norma configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.
Por otro lado, se atribuye la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos menores de edad a ambos progenitores. De este modo, se requerirá consentimiento de ambos o autorización judicial para el traslado del menor, con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, salvo suspensión o privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores.
El texto incluye nuevos tipos delictivos para intentar evitar la impunidad
También se prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en personas menores de edad la adopción de conductas violentas sobre sí mismas o sobre terceros, así como los que integren una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico.
Además, se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños, niñas y adolescentes, como sobre las personas de edad avanzada e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.
La norma también incluye nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social, como las que promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad.
El anteproyecto de la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019, y una vez más en 2020 debido a la pandemia del Covid-19.
