La Contraloría de Venezuela anunció este lunes la apertura de una auditoría al jefe del Parlamento y líder opositor Juan Guaidó (quien el 23 de enero se proclamó presidente encargado) por supuestamente recibir dinero de entes internacionales "sin justificación". Asimismo, la auditoría a Guaidó se ha abierto por supuestamente ocultar datos en su declaración jurada de patrimonio, según ese órgano de vigilancia y control del patrimonio público de Venezuela.
Considerando que Guaidó "presuntamente ocultó, falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio y, segundo ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación" se ordena el inicio de una "auditoría patrimonial", dijo el contralor Elvis Amoroso.
En declaraciones transmitidas por el canal del Estado VTV, Amoroso recordó las competencias que tiene la Contraloría en materia de administración pública, entre las que destacó que un servidor público que haya caído en algún tipo de irregularidad puede enfrentar una sanción de inhabilitación política de 15 años.
Guaidó anunció el pasado 23 de enero que asumía funciones como presidente encargado por considerar que el gobernante Nicolás Maduro usurpa la Presidencia y seis días después la Fiscalía venezolana pidió su prohibición de salida del país, el bloqueo de sus cuentas y enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles.
A la solicitud de la Fiscalía dio luz verde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aunque hasta el momento no se ha dado la orden para su apresamiento, el chavismo, en sus distintos voceros, como Diosdado Cabello, han señalado que debería ir preso.
Cabello, que además es presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), nombró la semana pasada una comisión del foro para consultar con la población el adelanto de las elecciones legislativas, que según mandato constitucional deben celebrarse en diciembre del año que viene.
Venezuela traviesa una grave crisis política que se disparó con la proclamación de Guaidó, quien ha recibido el respaldo de buena parte de la comunidad internacional, entre ellos España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia y otras decenas de países.
