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Un año después de la resolución del Popular, aún se espera el último informe

Rótulo en una sucursal del Popular. AGN
Rótulo en una sucursal del Popular. AGN

La entidad fue vendida por 1 euro al Banco Santander, el único que presentó una oferta

Un año después de la resolución del Banco Popular, la primera ordenada por la Junta Única de Resolución (JUR) europea, aún no se conoce el último informe que elabora la consultora Deloitte para determinar si quienes perdieron su inversión hubieran tenido mejor trato con la liquidación del banco.

El 7 de junio de 2017 la JUR, creada en 2014 al calor de la crisis financiera, estrenó sus poderes ordenando la resolución del que fuera sexto banco español, después de que el Banco Central Europeo (BCE) le confirmase que era inviable por falta de liquidez. La entidad fue vendida por 1 euro al Banco Santander, el único que presentó una oferta, y se amortizaron a cero las acciones y deuda subordinada en una operación ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

A día de hoy la JUR mantiene que fue un éxito: el banco abrió al día siguiente, los depositantes conservaron su dinero y el contribuyente no tuvo que poner un céntimo para rescatarlo, y todo ello pese a que la decisión se tomó en una noche y no en un fin de semana como preveían las normas y era deseable. Las leyes sobre quiebras y resolución bancaria que se dio la Unión Europea (UE) para no repetir los gigantescos rescates públicos de la crisis habían superado su primera prueba de fuego.

Sin embargo, el caso provocó una avalancha de demandas ante los tribunales españoles y europeos por parte de quienes perdieron su inversión, que reclaman más transparencia para saber cuál era el estado exacto del banco antes de la resolución y defender su caso ante los jueces.

Hasta el momento, empujada por las quejas llegadas a su panel de apelación, la JUR ha publicado parte de su propio informe de valoración de la entidad y del que hizo Deloitte, que determinó que el banco tenía un agujero de entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor. Su valor era de 2.000 millones negativos en el peor caso y de 8.200 en el mejor.

Sin embargo, la consultora admitió que tuvo un tiempo "extremadamente corto" para hacerlo y que no había tenido acceso a "cierta información crítica", al tiempo que siguen siendo confidenciales los datos sobre las salidas de depósitos y la liquidez de emergencia que proporcionó el BCE.

El último eslabón de esta cadena es el informe denominado de "valoración 3", que debe confirmar que los inversores recibieron mejores condiciones con la resolución de las que habrían tenido si se hubiera liquidado la entidad, tal como exigen las normas europeas. De no ser así, la UE tendría que compensar a los perjudicados con dinero del Fondo Único de Resolución.

El documento lo elabora Deloitte y la JUR insiste en que no presionará para acelerar los trámites. "Estamos esperando impacientemente esta valoración y le hemos dejado claro que esperamos que la termine más pronto que tarde, pero está en sus manos porque son independientes y a nadie le gustaría ser acusado de haber presionado al valorador para hacerlo rápido", dijo su presidenta, Elke König, en marzo en su última comparecencia ante la Eurocámara.

La JUR rehusó este jueves hacer comentarios sobre en qué punto se encuentra la elaboración del mismo. Pese a mantener que la operación fue un "éxito", König ha reconocido que tuvieron "mucha suerte" de que el Santander pudiese comprar el Popular y que deben "extraer lecciones" del caso, diagnóstico que comparten el supervisor de la eurozona, el FROB y economistas.

"Te preguntas: ¿qué pasa si hubieras tenido que abrir el banco al día siguiente pero no hubieras tenido una solución?", decía la propia König en una conferencia.

Tanto la JUR como el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) abogan por una ley de moratoria en toda la UE que permita "congelar" las actividades de los bancos en problemas durante un corto periodo de tiempo mientras se busca una solución, tal como ya hacen algunos países.

Aunque la Comisión Europea (CE) incluyó esta propuesta en el paquete bancario aprobado en mayo, los Veintiocho acordaron dejar la decisión en manos de cada Estado y fijaron que, de introducir una moratoria, esta puede afectar también a las retiradas de depósitos, pero durar solo hasta la medianoche del día laborable siguiente a la notificación.

El FROB, por su parte, pide mejorar los instrumentos de liquidez con que cuentan las autoridades de resolución porque la recapitalización interna no genera liquidez por sí misma. Las instituciones europeas piden además que se armonicen las leyes de insolvencia bancaria entre los países de la UE, para garantizar igualdad de trato a los acreedores en los Veintiocho, y poner en marcha el estancado Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.

Un año después de la resolución del Popular, aún se espera el...
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