La concesionaria de la autopista AP-9, Autopistas del Atlántico SAU (Audasa), ha recibido más peticiones que obligaciones emitidas por un importe de 100 millones de euros, operación que fue cancelada el pasado abril por culpa de la pandemia del coronavirus. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Audasa informa de que el nominal total acumulado de pequeños inversores que solicitan participar en emisión de obligaciones es superior a la colocación de deuda prevista por la compañía: 143.978.000 euros.
Así pues, ante la "amplia acogida" que ha tenido la emisión entre los inversores, Audasa restringirá a 24 el máximo de títulos solicitados, y a partir de ahí aplicará un porcentaje del 66,37 % para cada petición que rebase ese cupo. El número de suscriptores cuyo importe solicitado es igual o inferior a 6.000 euros es de 344, por un importe nominal de 1.698.500 euros; los 1.917 restantes (por una cuantía superior a los 6.000 euros) representan un total nominal acumulado de 142.279.500 euros.
MENOS INGRESOS POR PEAJE. En el folleto de emisión de obligaciones, Audasa esgrime que la crisis sanitaria por la covid-19 ha provocado "importantes consecuencias económicas y sociales" a nivel global, que han afectado "significativamente" a los tráficos de la AP-9 y, en consecuencia, a su cifra de negocios. Abunda en que la evolución de los tráficos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre pasados muestran un descenso del 29,91% respecto al mismo periodo del año anterior, siendo sus ingresos por peaje un 27,5% inferiores: pasó de 116,9 millones de euros a 84,7 millones.
Audasa recalca que "no puede garantizar la generación de ingresos suficientes en el futuro como consecuencia de la pérdida de tráfico en la concesión de la AP-9
También recalca la compañía que "a pesar de la actual situación extraordinaria", hasta la fecha no ha precisado introducir modificación alguna, o solicitar excepciones de ninguna naturaleza, en los términos de sus financiaciones, ni experimentado tensiones de liquidez ni recurrido a endeudamiento adicional. Tampoco ha aplazado pagos o compromisos derivados de su operativa, ni tenido menoscabos o retrasos en sus derechos de cobro, y se han adoptado medidas de carácter social mediante acuerdos con los representantes de los empleados que no han supuesto la implementación de actuaciones de regulación de empleo.
Ahora bien, Audasa recalca que "no puede garantizar la generación de ingresos suficientes en el futuro como consecuencia de la pérdida de tráfico en la concesión de la que es titular". Y apunta a que la construcción de vías alternativas y/o medios de transporte alternativos en el corredor en el que presta su servicio "podría incidir negativamente en la utilización de la autopista y, por tanto, en su cifra de negocios".
Recuerda que su contrato le otorga el derecho a recibir una compensación
Alude también a que un eventual aumento del precio de los carburantes o "situaciones que influyan negativamente" en la demanda o en la movilidad afectarían igualmente a la utilización de la autopista y, en consecuencia, descenderían sus ingresos. Recuerda asimismo que opera en la AP-9 en función de su contrato de concesión, que establece el derecho al restablecimiento del equilibrio económico-financiero "en el caso de que se produzcan circunstancias ajenas al riesgo y ventura del concesionario".
Por ello, "en caso de tener que acometer actuaciones en la concesión que supongan una variación de lo recogido en su contrato de concesión, la concesionaria habrá de recibir la compensación oportuna, mediante los medios legales contemplados al efecto, al objeto de restablecer su equilibrio económico-financiero".
En el ejercicio 2011 y 2013 Audasa formalizó sendos convenios con la Administración General del Estado por los cuales asumió el compromiso de acometer actuaciones de ampliación en la autopista y establecer bonificaciones a los usuarios en determinados trayectos. Como compensación por dichas actuaciones las tarifas y peajes son revisados anualmente de forma extraordinaria hasta que el saldo de compensación sea cero.
Este saldo ascendía a 31 de diciembre de 2018 a 283 millones de euros y al 31 de diciembre de 2019 a 311,4 millones de euros. A 30 de junio de 2020 dicho saldo de compensación ascendía a 324,6 millones de euros. Al cierre del ejercicio de 2019, la sociedad tenía un endeudamiento bruto de 1.065 millones de euros y su ratio de deuda financiera neta/ebitda era de 7,94. A 30 de junio de 2020, el endeudamiento bruto de la sociedad permanece invariable.
