Los autónomos encaran la reforma de las cotizaciones con un déficit de 5.800 millones

El próximo año verá la luz la revisión del Reta que está llamada a ajustar las cuotas a los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia

Los profesionales por cuenta propia encaran 2018 como un ejercicio trascendental puesto que en el último trimestre debería ver la luz la ansiada reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta), que está llamada a poner coto a un déficit de ingresos que este año rondará los 5.800 millones. Es el resultado de unas cotizaciones que aportarán unos 11.558 millones, según recogen los presupuestos, una cuantía insuficiente para afrontar unas pensiones contributivas que absorberán más de 17.300 millones.

Con 1,9 millones de pensiones y 3,2 millones de cotizantes, lo apremiante es elevar los recursos del sistema y todo parece apuntar a que las cuotas se acabarán ajustando a los ingresos reales de los profesionales, un compromiso que incluyeron los pactos de gobierno que en su día PP y PSOE sellaron con Cs. Las organizaciones profesionales son favorables, aunque divergen en la forma de acometerlo. Combatir la economía sumergida y los falsos autónomos y activar la cotización a tiempo parcial son otros de los retos de una reforma en la que desde abril trabaja una subcomisión del Congreso. Tras agotar el plazo a inicios de este mes, este órgano ha resuelto otorgarse otros ocho meses para redactar el informe que será la base de la nueva ley.

¿Qué cambios se analizan en materia de cotizaciones?
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (Ata), que atribuye el desfase de ingresos a la absorción por parte del Reta del régimen especial de trabajadores agrarios (el Seta) en 2008 —un cambio que supuso asumir 780.000 pensionistas más mientras solo se sumaron 250.000 cotizantes—, ha puesto sobre la mesa cuatro propuestas que permitirían ingresar 4.000 millones más. Partidaria de que los profesionales adecuen su contribución a la Seguridad Social a su facturación de forma “voluntaria” sin “perjudicar” a quienes eligen la cuota mínima (275 euros) por disponer de unos ingresos volubles, Ata plantea que se calcule la pensión en función de lo pagado durante toda la vida laboral para así incentivar a cotizar más. En esta línea, también defiende que se destope la base máxima (3.751,2 euros) a partir de los 47 años, por lo que quienes ganen más podrían abonar una cotización superior a los 1.121,6 euros actuales.


La tercera pata de su propuesta consiste en que los 382.000 autónomos que actúan como administradores de sociedades con control del negocio pasen a ser integrados en un régimen parecido al general, aunque dentro del Reta, y que sea la empresa la que abone su cuota, sueldo y las retenciones. La federación cree que con esto “mejorarían” sus bases de cotización y se recaudarían 2.000 millones.

¿Cómo debería contribuir quien tenga ingresos bajos?
La cuarta propuesta de Ata al Congreso contempla que los profesionales cuyos ingresos no lleguen al salario mínimo interprofesional (SMI), de 707,60 euros mensuales, abonen durante dos años prorrogables por otros dos una tarifa de 50 euros. En una situación intermedia, quienes facturen entre el SMI y la base mínima del Reta, desembolsarían una cuota que resultaría de aplicar los tipos del Seta, esto es, del 22,05%, frente al 29,9% con el que se grava la base de cotización con carácter general. La hoja de ruta que Ata ha trasladado a la Cámara Baja también contempla una tarifa joven de 30 euros para menores de 25 que estén cursando estudios superiores.

El planteamiento de Upta es más simple, pues apuesta por aplicar la tarifa plana de 50 euros durante dos años a quienes estén por debajo del umbral del SMI, sin que esto les dé derecho a prestación. “Sería unha invitación aos 2,5 millóns de cidadáns que están na economía somerxida coa que se recadarían 500 millóns máis se cada ano se dan de alta 500.000”, constata Eduardo Abad, el secretario general de Upta.

En cuanto al resto de profesionales, la organización defiende que aquellos que no llegan a unos ingresos netos de 40.000 euros al año, “que son o 73% do total”, sigan eligiendo entre la base máxima y mínima en función de su edad. Por encima de esa facturación tocaría hacer un esfuerzo y abonar una cuota que, como poco, sería de 550 euros, esto es, el doble de la cotización mínima. “Non ten sentido que un autónomo cun bar en Vilagarcía teña a mesma obriga de cotización que un notario do centro de Madrid”, recalca Abad, que calcula que unos 600.000 profesionales pagarían más, de modo que la Seguridad Social sumaría 3.000 millones adicionales.

¿Alguien podría quedar exento de abonar la cuota social?
Partiendo de la base de que la norma define como autónomo a aquel que realiza una actividad por cuenta propia de forma “habitual”, el presidente de Ata Galicia, Rafael Granados, sostiene que deberían quedar al margen los trabajadores cuya facturación no rebase la mitad del SMI anual, siempre que demuestren que no realizaron la actividad de forma continuada durante el año. Al margen quedarían quienes ejerzan con licencia administrativa, los adscritos a un colegio profesional que no disponga de sistema de previsión y los titulares o arrendatarios de locales y despachos abiertos al público o de vehículos que se empleen para alguna actividad económica.

¿Un profesional podrá cotizar a tiempo parcial?
No se trata de una novedad, pues en 2011 se aprobó una modificación del Estatuto del Autónomo que incluía la actividad a tiempo parcial. Debía haber entrado en vigor en 2014, pero se ha ido aplazando. “Está pensada para os emprendedores que necesitan un reforzo durante unhas horas ao día por parte dun familiar, que cotizaría como autónomo colaborador a tempo parcial, e para os que non ocupan o 100% do seu tempo nunha actividade, en función do que se facture”, explica Abad.

Ata también lo ve una opción para la venta ambulante. La ley de medidas urgentes aprobada en octubre —que permitirá cambiar hasta cuatro veces al año de base de cotización a partir de enero— contempla su desarrollo en el marco de la reforma del Reta.