El cerco judicial a Conde cumple dos años a la espera del peritaje clave

Tras dos años de pesquisas, la investigación al expresidente de Banesto Mario Conde y su entorno por presunto alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre otros delitos, encara una fase decisiva a la espera del informe pericial del que podría depender el devenir del caso.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, dicho peritaje vendría a arrojar luz sobre las acusaciones que apuntan a que el exbanquero habría incurrido en ocho delitos fiscales al utilizar varias de sus empresas para procurar "incrementos patrimoniales no justificados" en su renta.

Irregularidades de las que ya advertía el auto dictado en abril de 2016 por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que supuso el ingreso en prisión provisional tanto de Condecomo del abogado de la familia, Francisco Javier de la Vega, régimen en el que permanecieron durante casi dos meses, y el arresto domiciliario de la hija del primero.

Del entramado empresarial, los investigadores destacan, por el tráfico de divisas y la presunta ocultación de ganancias personales, a Barnacla, de la que existen indicios de fraude en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, y a la que se habrían desviado fondos de origen ilícito.

Completan el elenco Black Royal, bajo sospecha por supuesto fraude fiscal en 2013, y Oleificio Español, empresa pantalla dedicada a productos relacionados con el aceite de oliva a través de la cual podría haberse cometido el mismo delito entre los años 2010 y 2013 en una cuantía aún pendiente de conocer.

Este 2018 parece haber reactivado una operación Fénix a la que continúa llegando documentación fruto de las comisiones rogatorias libradas a países como Suiza, en los que habría actuado la red del exbanquero, que a finales de enero declaraba a petición propia en la Audiencia Nacional.

En dicha comparecencia, la primera en casi dos años, defendió la legalidad de los 13,06 millones de euros que repatrió a España "para invertir en empresas nacionales", y aunque evitó hablar de cualquier tema fiscal, aportó documentos con el fin de acabar con las acusaciones de blanqueo, ya que el dinero "no tenía absolutamente nada que ver" con la entidad que presidió.

De esta forma, Conde refutaba la tesis de la Policía y de la Guardia Civil, que vinculan tales cantidades a las "apropiaciones indebidas que realizó contra Banesto" y que habrían sido blanqueadas "a través de su entorno más cercano desde, al menos, 1999, de forma continuada".

A ello se suma el presunto alzamiento de bienes, castigado con penas de entre uno y cuatro años de prisión y multa de hasta 24 meses, que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción, la cual sostiene que el ex abogado del Estado obvió el pago íntegro de la responsabilidad civil de los casos Banesto y Argentia Trust, a pesar de disfrutar de un "elevado tren de vida".

Dada la vinculación entre los diversos delitos, las fuentes consultadas insisten en que para descartar cualquier delito, el juez debe conocer primero el contenido del último peritaje, cuyas conclusiones han sufrido cierta demora tras la jubilación del experto designado, y en el que se determinará el alcance de las cuotas supuestamente defraudadas.

Y es que, como sucede en países del entorno como Francia, Bélgica, Italia o Portugal, la jurisprudencia española también tiende a considerar la evasión fiscal como una conducta subyacente al blanqueo al entender que de no haber cometido fraude a la Hacienda pública, el patrimonio en cuestión no habría aumentado.

Desde su puesta en libertad, en junio de 2016, las pesquisas contra Conde se han centrado en analizar los flujos de capital entre los territorios de los que procedían las transferencias, como Luxemburgo, Emiratos Árabes, Países Bajos e Italia, así como a otros de riesgo fiscal con los que España no tiene cooperación, entre ellos Curazao o las Islas Vírgenes Británicas.

Mientras llega el informe, el caso descuenta los días para el próximo 11 de abril, día en el que se producirá el segundo aniversario de una detención que reabrió el pasado judicial del exbanquero ocho años después de su salida de prisión.